La Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, anunciaron que hoy, lunes 6 de enero, se presentó una denuncia constitucional contra Luciana León Romero, como presunta autora del delito de tráfico de influencias agravado por la condición de funcionario público, en agravio al Estado.
Según indican en su cuenta oficial de X, la excongresista “habría ofrecido interceder, a través de su asistente y de ella misma, ante funcionarios de diversas entidades públicas e integrantes del Partido Aprista Peruano, a cambio de una promesa de beneficio económico a su favor, entre el 2018 y 2019″.
El Poder Judicial decidió levantar la orden de impedimento de salida del país que se le impuso a Luciana León, debido a la investigación que se le sigue por una presunta vinculación con la organización criminal ‘Los Intocables ediles de La Victoria’.
El juez supremo Juan Carlos Checkley adoptó dicha medida “de oficio” y señaló que el plazo de 36 meses de la medida impuesta a León fue del 31 de enero del 2020 tenía vigencia hasta el 30 de enero del 2023, por lo que actualmente venció el plazo.
A través una resolución emitida el último 19 de julio que tuvo acceso RPP, Checkley resaltó que él no presentó el requerimiento para que se prolongara la orden de impedimento de salida del país que se dictó contra la excongresista.
Asimismo, el magistrado ordenó que se le devuelva a Luciana León su pasaporte diplomático y su pasaporte de la República del Perú por haber concluido los 36 meses que se fijó en la orden de impedimento de salida del país en su contra.
Cabe recordar que la exlegisladora está siendo investigada por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho pasivo impropio y peculado doloso.
En octubre del año pasado, la Procuraduría General del Estado (PGE) propuso que la exlegisladora pague una reparación civil al Estado peruano por un monto de S/1.8 millones.
León Romero está siendo investigada por el Ministerio Público por su presunta participación en la organización criminal “Los Intocables Ediles”, que operaba en La Victoria. Como resultado, fue denunciada constitucionalmente ante el Congreso.
A pesar de que el pleno del Congreso aprobó en junio de 2023 acusar constitucionalmente a León por tráfico de influencias y otros delitos, en la Comisión Permanente se archivaron los cargos relacionados con la supuesta organización criminal.
La tesis fiscal sindica a la excongresista como presunto brazo político de la organización, al haber gestionado financiamiento para obras públicas en la Municipalidad de La Victoria en 2017, ante ministros y otros funcionarios. Luciana León habría brindado este apoyo luego de que Alexander Peña Quispe, presunto cabecilla de ‘Los Intocables Ediles’, solicitara su ayuda a cambio de beneficiar a su hermano, Rómulo León Romero, en otra contratación.
