Archiva investigación contra partido de etnocacerista
La Segunda Fiscalía Provincial Penal dispuso el archivo de la denuncia interpuesta por el congresista Alejandro Muñante, de Renovación Popular, contra el partido Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.), vinculada con Antauro Humala.
La resolució menciona que “este despacho fiscal, en uso de las atribuciones legales y constitucionales reguladas en el artículo 159° de la Constitución Política, Ley Orgánica -Decreto Legislativo N° 052, y de conformidad con el artículo 334° y 339° del Código de Procesal Penal, decide que no hay mérito para iniciar una investigación preliminar al advertirse que la denuncia no reviste las características de delito”.
La abogada del hermano de Ollanta Humala, Carmen Huidobro, mencionó que no se halló pruebas y que lo que pretendería el legislador celeste “sería forzar la figura delictuosa de conspiración a la sedición”.
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Como se recuerda, en los oficios remitidos por el legislador, Muñante solicitó al defensor Josué Gutiérrez y al fiscal interino Juan Carlos Villena declarar la ilegalidad del partido. Para ello, invocó el artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas, que faculta a la Corte Suprema, a pedido de los titulares de la Defensoría o del Ministerio Público, a hacerlo por conducta antidemocrática.
“El referido partido A.N.T.A.U.R.O. vendría realizando de manera sistemática, a nivel nacional, diversas declaraciones que calificarían de conducta antidemocrática”, dice el documento.
Según el legislador de Renovación Popular, la agrupación habría vulnerado las libertades y derechos fundamentales al estar “promoviendo, justificando o exculpando los atentados contra la vida o la integridad de las personas o la exclusión o persecución de personas por cualquier razón, o legitimando la violencia como método para la consecución de objetivos políticos”. Ello a raíz de declaraciones de Antauro Humala en medios de comunicación.
“El señor Antauro Humala (…) ha justificado la muerte o violencia física contra funcionarios públicos, utilizando la violencia como método para la consecución de sus objetivos políticos; asimismo ha indicado y/o justificado un golpe de Estado en la actualidad, cierre inconstitucional del Congreso y la convocatoria ilegal de una Asamblea Constituyente, desconociendo el procedimiento de cierre constitucional del Congreso, procedimiento de reforma constitucional, pronunciamientos del Tribunal Constitucional sobre ambos temas, e incluso desconociendo la vigencia de la Constitución Política del Perú del año 1993″, se lee en el oficio.
