Concluyen alegatos finales en juicio por haber recibido coimas por S/ 2,3 millones 

 

Durante la etapa final del juicio oral, el Ministerio Público ratificó su solicitud de 15 años de prisión y nueve años de inhabilitación para ejercer cargos públicos contra el expresidente Martín Vizcarra.

La acusación se sustenta en los presuntos pagos ilícitos que habría recibido cuando era gobernador regional de Moquegua, vinculados a las obras del proyecto Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua.

El fiscal Germán Juárez Atoche, representante del equipo especial Lava Jato, indicó que el monto total de los sobornos ascendería a 2,3 millones de soles. Señaló que el exmandatario habría pactado el pago del 2% del valor de la obra de Lomas de Ilo con la empresa Obrainsa, y habría condicionado la concesión del Hospital de Moquegua a un pago de 1 millón 300 mil soles.

Asimismo, precisó que la Fiscalía solicita seis años de prisión por el caso Lomas de Ilo y nueve años por el Hospital de Moquegua, sumando un total de 15 años por el presunto delito de cohecho pasivo propio. También planteó que Vizcarra pague una multa de S/ 151,580.

El fiscal Germán Juárez Atoche pidió al Poder Judicial que, de emitirse una condena, esta se ejecute de manera inmediata por la gravedad de los hechos atribuidos al exmandatario.

Vizcarra está acusado de solicitar y recibir coimas de las empresas Obrainsa, Astaldi, ICCGSA e INCOT.

De acuerdo con la acusación fiscal, el dinero habría sido entregado cuando Vizcarra se desempeñaba como gobernador regional de Moquegua, a cambio de favorecer a las constructoras en la adjudicación de las obras públicas mencionadas. 

Según el Ministerio Público, está acreditado mediante testimonios, registros de llamadas, facturas y cheques que el exmandatario recibió pagos ilícitos. El fiscal destacó que el “donativo” ascendió a S/1,300,000.

Juárez Atoche detalló que, el 25 de noviembre de 2013, se recomendó la adjudicación de la buena pro a un consorcio específico y, apenas dos días después, el Gobierno Regional de Moquegua la aprobó, evidenciando el supuesto intercambio de información privilegiada.

En paralelo, la Procuraduría solicitó una reparación civil superior a los 4.6 millones de soles a favor del Estado, argumentando que las entregas de dinero existieron entre 2014 y 2017. Ante la gravedad de las pruebas, la Fiscalía pidió que la condena se ejecute de inmediato para evitar una posible fuga.

Por su parte, Martín Vizcarra ejercerá su defensa material el próximo jueves 20 de noviembre. El expresidente ha negado categóricamente cualquier intención de asilo o fuga, asegurando: “No hemos hecho ninguna gestión, lo digo categóricamente, no hay posibilidad de asilo en absoluto”.

El fallo final podría marcar un precedente en la lucha contra la corrupción y determinar la inhabilitación política definitiva del exjefe de Estado.