PJ no autorizó su detención preliminar
La Fiscalía y la Policía Nacional del Perú (PNP) allanaron la casa del exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, por las fallas reportadas durante las elecciones del 12 de abril. Según trascendió los presuntos delitos que se habrían cometido son colusión y omisión de funciones.
El juez de investigación preparatoria Manuel Chuyo autorizó el allanamiento e incautación de equipos informáticos de Corvetto, así como de otros funcionarios de la ONPE involucrados y el gerente de la empresa Galaga.
Fiscales y personal de la Dirección contra la Corrupción de la PNP (Dircocor) ingresó al domicilio de Corvetto al promediar las 5:40 de la mañana. La referida división de la Policía difundió una imagen donde el exjefe de la ONPE entregaba su equipo celular. El operativo duró cinco horas.
Simultáneamente a la intervención en la vivienda de Piero Corvetto, otro grupo de fiscales y efectivos policiales arribaron al local de la empresa Galaga en Lurín para proceder a allanarlo.
El juez Manuel Chuyo Zavaleta también autorizó el allanamiento de las viviendas del suspendido subgerente de Producción Electoral, Juan Phang Sánchez, y el exgerente de Gestión Electoral José Samamé Blas, quien renunció a raíz de las múltiples fallas reportadas durante las elecciones, sobre todo relacionadas a la falta de material electoral en los locales de votación.
El fiscal anticorrupción Raúl Martínez se rehusó a brindar declaraciones a la prensa. Un detalle importante en esta intervención, es que tras el operativo no se observó la salida de cajas con material incautado. El personal policial de la Región Lima, equipado con cascos y escudos antimanifestaciones, permaneció resguardando los exteriores del edificio durante toda la diligencia.
INVESTIGADO
De este modo, el Ministerio Público incorporó a Piero Corvetto en calidad de investigado dentro de una pesquisa por hechos ocurridos en los comicios del 12 de abril.
Según la tesis fiscal, al exjefe de la ONPE se le atribuye el presunto delito de colusión agravada. La investigación sostiene que determinadas acciones habrían impedido que parte del electorado sufragara durante la jornada electoral.
Entre los hechos revisados figura la contratación de la empresa Servicios Generales Gálaga S.A.C., encargada del transporte de carga para el despliegue y repliegue del material electoral.
También se menciona que en enero del 2026 se habrían establecido lineamientos que modificaban disposiciones del 2025, incluyendo la imposibilidad de presentar recursos impugnatorios tras una adjudicación.
POCO EFICAZ
El abogado penalista Carlos Caro dijo que es «muy difícil» que la Policía Nacional encuentre información útil en los allanamientos a la vivienda de Corvetto ya que se conocía con anticipación y se podrían haber eliminado pruebas.
«El sentido de estas medidas es la búsqueda de la prueba. Son medidas que tienen una finalidad muy concretas, sorpresivamente agarrar a los potenciales delincuentes, potenciales investigados, pero lo más importante, de manera reservada y secreta, porque de lo contrario los investigados tienen todo el tiempo del mundo como ha pasado acá para destruir la prueba, si esa fuera su intención», expresó.
Caro señaló que si no hubiera intención de omisión de pruebas, la Fiscalía podría solicitarlo al investigado, recordando además el pedido de detención preliminar contra Corvetto.
