Agentes de la Dirección contra la Trata de Persona y representantes de la Fiscalía ingresaron a las instalaciones de un edificio del Congreso de la República, debido a la denuncia respecto a una presunta red de prostitución que operaría dentro del Parlamento y que involucraría a Jorge Torres Saravia y a altos funcionarios.
Las autoridades ingresaron a la cuadra 3 del jirón Huallaga para acudir a la Oficina de Recursos Humanos del Congreso.
A través de su cuenta de X, plataforma antes conocida como Twitter, el Ministerio Público informó que la Fiscalía en Delitos de Trata de Personas de Lima Centro (Equipo 1) acopió información solicitada a diversas áreas del Congreso vinculada con la investigación preliminar contra Jorge Torres Saravia, por presunto delito de explotación sexual.
“Como parte de la diligencia, recaba el registro de las cámaras del Edificio Complejo Legislativo, de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, así como documentos de la Oficina de Seguridad y del Departamento de Recursos Humanos”, postearon en sus redes sociales.
Posteriormente, en una conferencia de prensa, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, señaló que les está brindando las facilidades al Ministerio Público para que puedan ingresar a las instalaciones del Congreso para que se realicen las diligencias correspondientes.
“Que el Ministerio Público esté en el Congreso acredita que acá no se esconde nada y que no se obstaculiza ni se obstruye (a la justicia). Estamos dando todas las facilidades. Están ingresando a las oficinas que nos han solicitado acompañados por funcionarios del Congreso”, sostuvo el titular del Legislativo.
“También están haciendo diligencias vinculadas a las videocámaras y a alguna documentación, que si ellos consideran, incautarán o decomisarán. Eso ya es decisión de ellos, pero nosotros brindaremos todas las facilidades”, añadió.
El congresista de la República y presidente de la Comisión de Ética, Alex Paredes, manifestó que no siente que hubo un retraso para que el Parlamento se pronuncie ante la presunta red de prostitución que estaría operando en este poder del Estado.
“Son seres humanos que también tienen derecho al respeto de su honor y prestigio”, sostuvo Alex Paredes, descartando que se este pretendiendo blindar a los presuntos involucrados, siendo el Ministerio Público el que debe mostrar los resultados.
