Al borde de la medianoche del viernes, representantes del Ministerio Público y agentes policiales de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) iniciaron un allanamiento en la vivienda de la presidenta de la República, Dina Boluarte, ubicada en Surquillo, en el marco de las pesquisas por el Caso Rolex.
La medida se dio tras una resolución judicial emitida por el juez Juan Carlos Checkley Soria, a cargo del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria.
La diligencia se prolongó por más de cinco horas en ese inmueble: concluyó minutos después de las cuatro de la mañana del sábado.
Luego de ello, el equipo de fiscales y de la policía se constituyeron a la sede de Palacio de Gobierno, a fin de continuar con las diligencias autorizadas por el Poder Judicial, las cuales concluyeron a las 9:20 am.
En Surquillo, la orden de allanamiento con fines de registro e incautación comprendía el inmueble ubicado en la cuadra tres de la calle Los Halcones, donde reside la mandataria Dina Boluarte, así como el vehículo marca Honda registrado a su nombre.
Según un video, los agentes de la Diviac, encabezados por el coronel PNP Harvey Colchado, tuvieron que romper la puerta de la vivienda de Boluarte para poder llevar a cabo esta diligencia, al no obtener mayor respuesta.
La Fiscalía de la Nación solicitó al juez Checkley efectuar este allanamiento a propósito de la investigación que inició por presunto enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaración en documentos.
El fiscal adjunto supremo Hernán Mendoza afirmó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso que Boluarte había “frustrado” la exhibición de los relojes Rolex cuestionados en diferentes oportunidades, así como el interrogatorio que debía responder en la víspera ante la Fiscalía de la Nación.
Mendoza explicó que el Ministerio Público había dispuesto que Boluarte o una persona designada por ella exhiba tres relojes de la lujosa marca Rolex el pasado martes. Sin embargo, la presidenta solicitó una reprogramación tanto de esta diligencia como de la toma de su declaración.
El propio fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, en un escrito al que accedió El Comercio esta semana, cuestionó el pedido de la mandataria para reprogramar estas diligencias utilizando como “pretexto” una “recargada agenda”.
“[Su presencia] es necesaria e indispensable como para estar por encima de su responsabilidad ante el llamado de la autoridad fiscal, lo cual es un claro indicador de rebeldía y no hace más que retardar el resultado de la investigación”, cuestionó.
Esta semana se reveló el fin de semana pasado que la UIF había advertido que la presidenta Dina Boluarte había recibido en sus cuentas S/1,1 millones de origen desconocido, entre agosto del 2016 y agosto del 2022, y sostiene que las operaciones registradas “podrían estar ligadas al delito de lavado de activos”.
HALLAN RELOJES
El abogado de la presidenta Dina Boluarte, el exfiscal Mateo Castañeda, confirmó que la Fiscalía encontró una serie de relojes durante los allanamientos. Sin embargo, el letrado aseguró que los objetos no fueron incautados.
Castañeda afirmó que en la vivienda de Surquillo “se hallaron otros relojes, pero de poco valor”, mientras que en Palacio se encontró otro conjunto de estos objetos.
“(Los relojes que fueron hallados, que sí tienen valor, en Palacio, ¿fueron entregados por personal de la Presidencia o hallados por los fiscales y policías de la DIVIAC?) Han sido hallados en la habitación de la señora presidenta y es parte de su ajuar”, declaró el abogado.
En ese sentido, Mateo Castañeda precisó que las autoridades constataron la existencia de “al menos 10″ relojes, tomaron fotografías, pero no procedieron a incautarlos. La defensa de la mandataria no indicó si eran de la marca Rolex.
“No puede decir eso, hay algunos relojes bonitos, con ciertas apariencias, pero eso lo tiene que determinar un experto”, apuntó. Agregó que Dina Boluarte recibió a los fiscales y a los efectivos junto a varios ministros.
“Se les ha dado todas las facilidades y la Policía ha hecho todo su trabajo. Para mi gusto, un poco excesivo. Eso de levantar las alfombras, verificar los asientos”, añadió.
DECLARARÁ A FISCAL
Por otro lado, el abogado Mateo Castañeda adelantó que la presidenta Dina Boluarte declarará ante la Fiscalía el próximo viernes 5 de abril. Aseguró que la mandataria “tiene la voluntad de declarar sobre el fondo de los hechos para esclarecer esta investigación”.
Asimismo, Castañeda señaló que aconsejó a la jefa de Estado para que primero dé explicaciones al Ministerio Público por la investigación por enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaraciones en documento, y luego ante la ciudadanía.
“Mi consejo legal profesional ha sido que se abstenga de tocar estos temas porque la ley lo prohíbe. La ley establece la reserva de la investigación. Mi consejo ha sido primero declarar ante la autoridad competente y después de ello declarar ante la opinión pública. Ese consejo permanece”, sostuvo.
Finalmente, el abogado Mateo Castañeda indicó que apelarán la resolución del juez supremo Juan Carlos Checkley que autorizó los allanamientos a la casa de la presidenta y al Despacho Presidencial. Considera que la medida fue “innecesaria y desproporcional”.
ADRIANZÉN CUESTIONA
Varias horas después de iniciarse la diligencia fiscal, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, cuestionó esta medida y calificó la misma como un “atropello”.
“Lo que ha sucedido constituye un intolerable atropello a la dignidad de la presidencia de la República y a la Nación que ella representa. No es posible que tengamos que ser testigos de acciones absolutamente desproporcionadas y cuando no hasta inconstitucionales”, indicó.
“En todo momento se han brindado las facilidades. Se ha apersonado, se ha acreditado su abogado en pleno ejercicio a su derecho a la defensa ha pedido una reprogramación. ¿Por qué demonizan aquello? ¿Qué tiene de extraño? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de ilegal? Nada”, indicó.
Habeas corpus busca
anular allanamientos
Tras el operativo de allanamiento, se presentó un habeas corpus a fin de dejarlo sin efecto.
Dicho recurso a favor de la jefa de Estado fue formulado e ingresado por el abogado Marco Riveros.
El argumento a favor de la dignataria es que presuntamente se vulneró el derecho de la mandataria a contar con un fiscal competente bajo un debido proceso.
