Avanza indagación por encuentros con empresarios chinos

 

Continúan las indagaciones en torno al caso ‘Chifagate’. Ahora, la Comisión de Fiscalización del Congreso ha convocado su décimo primera sesión extraordinaria para este lunes 26 de enero, donde se evaluarán dos puntos clave relacionados a las reuniones extraoficiales del presidente José Jerí y el empresario chino Zhihua Yang.

El primer punto de la agenda es la votación para decidir si se citará al ministro del Interior, Vicente Tiburcio, con el objetivo de que brinde más detalles sobre este encuentro no registrado, ocurrido el pasado 26 de diciembre en el chifa de Yang. Esto debido a que Jerí reveló la presencia de Tiburcio en el encuentro.

El segundo tema a debatir es también someter a votación para invitar al ministro de Energía y Minas, Luis Enrique Bravo, con la finalidad de que ofrezca información sobre la concesión definitiva otorgada al proyecto de generación eléctrica Pachachaca 2, en favor de la empresa Hidroeléctrica América, propiedad de Yang.

Este proyecto se sitúa en los distritos de Huancarama, provincia de Andahuaylas, y Abancay, en la región Apurímac. El grupo de trabajo del Parlamento busca aclarar si existió algún tipo de beneficio derivado de la relación entre el Ejecutivo y el empresario, además de si ello pudiera haber influido en las decisiones administrativas del Estado.

La sesión de la Comisión de Fiscalización se llevará a cabo este lunes, donde se espera que los miembros definan si procede la convocatoria de Tiburcio y Bravo para que rindan cuentas ante el Congreso de la República.

Cabe indicar que la reciente admisión pública del presidente José Jerí sobre la recepción de cuadros, caramelos y otros productos como cortesía durante una visita no oficial al market de Zhihua Yang podría sumarle un nuevo presunto delito a la investigación en su contra.

El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, advirtió que estos hechos podrían ser calificados como cohecho pasivo, lo que implicaría consecuencias penales graves para el mandatario en caso de comprobarse la comisión del delito.

Gálvez fue consultado sobre la naturaleza legal de las supuestas dádivas recibidas por Jerí. El fiscal precisó: “Ahí podría haber cohecho, claro. Cohecho porque ya estaríamos hablando de una dádiva, de un donativo que recibiría el imputado y estaríamos en otro delito”.

Enfatizó que se trataría de cohecho pasivo, al ser Jerí un funcionario en ejercicio. Detalló que la pena por este tipo de delito oscila entre ocho y quince años de prisión, y advirtió que, de confirmarse la existencia de varios ilícitos, las sanciones podrían acumularse, derivando en una condena efectiva.