Afirma presidenta de grupo de inclusión social, familia y mujer, Flore Meza Rivera
VALERIA PONCE
La diputada de Fuerza Popular Flor de Jesús Meza Rivera, presidenta de la Comisión de Inclusión Social, Familia, Mujer y Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, adelanta que dicho grupo de trabajo llevará casos de violencia contra la mujer y programas sociales a regiones como Loreto, Puno y Cusco.
– ¿Cuáles son las tres primeras metas medibles que se ha trazado para este periodo y con qué plazo piensa evaluarlas?
Lo que queremos priorizar como gestión de la presidencia, se han fusionado comisiones, ahora vemos Inclusión Social y Mujer. Lo primero es llevar la comisión a la cancha, no vamos a ser una comisión de escritorio. Me llamó la atención que el día que sesioné por primera vez, cuando asumí el rol de presidenta gracias a la confianza de los diputados presentes, los integrantes pidieron que la comisión tenga presencia en las diferentes regiones: en casos de violencia contra la mujer, e incluso en comunidades como las awajún, zonas en las que ninguna autoridad ha tenido presencia. Lo que nos han pedido en primera línea es visitar las zonas de vulnerabilidad, no solo en casos de violencia contra la mujer, sino también para verificar si los programas sociales están funcionando: si están llegando a quienes los necesitan, si los programas de alimentación escolar se están cumpliendo en los colegios, y qué otros programas sociales podrían verse afectados por una mala gestión, he recibido la solicitud de llegar a regiones como Loreto, Puno, Cusco, y como primera acción va a ser llegar a la cancha.
Segundo, involucrar a las autoridades pertinentes, tanto políticas y organizacionales como del sistema de justicia: qué carteras están involucradas en el correcto funcionamiento de la comisión, quiénes podrían apoyar, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, también el Poder Judicial, para saber qué está sucediendo con las denuncias que actualmente no tienen respuesta. El problema no puede ser solo a nivel institucional del ministerio, sino también del Poder Judicial, hay que saber qué sucede si las denuncias no se desarrollan o no se cumplen las condenas. En cuanto a los programas sociales, también corresponde al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y a los gobiernos locales y regionales fiscalizar si las actuales autoridades están gestionando bien los recursos que reciben del gobierno nacional; esa fiscalización también es tarea de los diputados.
– ¿Ya tiene mapeado qué regiones necesitan ayuda prioritaria? ¿Cuáles serían los sectores involucrados?
Básicamente hablamos de todas las regiones en general, pero en primera instancia vamos a recibir las propuestas de los diputados que integran la comisión y evaluar el nivel de prioridad para presentar un plan de trabajo. Lo que vamos a hacer la próxima semana es invitar a las autoridades: en principio, a la ministra de la Mujer y a su equipo de trabajo —ya tuve la oportunidad de visitarla como diputada y conocer los problemas—, pero es importante que esto se refleje también ante los miembros de la comisión, porque ellos representan regiones y grupos sociales que necesitan respuestas. También puede ser pertinente invitar a la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, y a otras carteras como Desarrollo Agrario, para ver qué se está haciendo desde Agro Rural, así como al Ministerio de la Policía, para saber si está capacitado para recibir denuncias de maltrato, abuso o violación. Todas las instancias merecen ser invitadas a la comisión según el nivel de prioridad.
– ¿Qué meta numérica se ha planteado la comisión para la reducción de la anemia infantil y qué balance tiene de los programas sociales vigentes en esa materia?
Saludo la acción del premier, tal como lo mencioné en mi discurso en el pleno cuando se presentaron los ministros, para esta primera instancia se va a destinar un presupuesto específico hasta fin de año. No tengo la cifra exacta en la mano, pero puedo comentar que se busca velar por la lucha contra la anemia y la desnutrición de nuestros niños, y eso va de la mano con la fiscalización de los programas sociales que llegan a ellos. Estos presupuestos vienen del lado del Ejecutivo, es un trabajo en conjunto; nosotros, como comisión, lo que vamos a hacer es fiscalizar, pedir y tocar puertas en base a las demandas que tenemos. Lo que corresponde en primera instancia es priorizar medidas contra la anemia y la desnutrición crónica. Los 75 millones de soles que propuso el premier para invertir en esta lucha me parecen una meta saludable, porque ese presupuesto debe estar destinado hasta fin de año, es decir, hasta diciembre. Ahora compete a las instituciones pertinentes utilizarlo como corresponde; hablamos de Midagri, que es la cartera que está invirtiendo en esta problemática.
– La vicepresidenta Nary Pinasco puso énfasis en la defensa territorial y en la lucha contra la minería ilegal y los delitos ambientales que afectan a comunidades amazónicas y andinas. ¿Coincide usted con esa prioridad y qué acciones concretas tomará la comisión?
Coincido, sin duda. Nary Pinasco es justamente la vicepresidenta de la comisión y nuestra prioridad debe ser revalorar a las comunidades y darles la seguridad de que el Estado va a protegerlas en todas las instancias. Como Fuerza Popular, siempre hemos mostrado nuestra lucha contra la minería informal e ilegal, y lamentablemente en el transcurso de los años no hemos visto un cambio porque ha habido oposiciones claras. Lo que vamos a hacer desde este año, tanto el gobierno como el Legislativo, esperamos, es luchar para que la minería luche por su formalización correcta y ya no veamos estos casos de afectación a comunidades tan sensibles, que el Estado literalmente tiene abandonadas. Venimos arrastrando este problema desde hace muchos años; tenemos que apostar por una verdadera ley, por ejemplo, la Ley MAPE, que nosotros propusimos en la sesión anterior y que ahora se debe retomar. Entiendo que el gobierno tiene sus propuestas; esperamos que en las próximas sesiones se presenten y nosotros pongamos esa propuesta pendiente como prioridad.
– Dentro de la mesa directiva está Azucena Islas Rojas, diputada de Juntos por el Perú. ¿Cómo evalúa trabajar con una fuerza política distinta a la suya en temas como violencia de género y pueblos originarios? ¿Prevé puntos de fricción?
No, en absoluto. Lo primero que digo, lo recalco en toda la sesión, es que tenemos que eliminar toda diferencia; podemos ser de otros grupos políticos, de otra ideología, lo digo entre comillas, pero aquí nuestra finalidad es una: luchar por la mujer, por reducir los casos de violencia y atenderlas realmente, y que sepan que tienen una institución que las respalda, que es el Congreso. Por algo nos han elegido, por nuestros niños, por combatir la anemia infantil, y también por las comunidades indígenas. Entiendo que la diputada que menciona es de Loreto; hemos encontrado un punto en común, porque la problemática de abusos y afectación a menores de edad en Loreto es altísima, y creo que debe ser uno de nuestros ejes. No es la única diputada que ha hablado de ese problema, dentro de la misma comisión, la diputada Romina Uribe, de Buen Gobierno, también pidió que se tomen acciones. Ahí tenemos un punto en común. Nuestra finalidad es trabajar para que estos casos se reduzcan, darles visibilidad y fiscalizar donde el Estado no llega. Vamos a llegar a buen puerto, estoy segura, porque tenemos una misma meta; dejemos los colores políticos de lado. La comisión tiene un rol importante y lo que queremos es revalorarla y repotenciarla, de tal manera que tenga la visibilidad que ha perdido durante muchos años. La comisión de la Mujer, ahora de Inclusión Social, Mujer y lo demás, no ha sido visibilizada como debió ser. Ahora saludo que incluso varones diputados quieran integrarla, porque saben la importancia de este grupo de trabajo.
– Para una madre de familia en una comunidad andina o amazónica que hoy no accede a servicios de salud, educación o protección frente a la violencia, ¿qué cambio concreto podría notar en los próximos meses?
Primero, vamos a atender a todas las comunidades; no solo que ellas nos visiten, sino que nosotros también tengamos presencia en la cancha. Es primordial visitar esas zonas y conocer la realidad, como dije: esta comisión no va a ser una comisión de escritorio. Entiendo que las reuniones y los grupos de trabajo son necesarios, pero no podemos hablar de problemáticas si no conocemos la realidad. En principio, lo que tenemos que hacer es visitar las zonas; si una mujer dentro de una comunidad no se siente visibilizada, es porque no conocemos su realidad. Segundo, darle el soporte necesario con las instituciones, ser el nexo para hacerlo. No es un solo caso, son muchísimos: mujeres de comunidades rurales, niñas, adolescentes. El segundo punto es trabajar en conjunto con el Ejecutivo, con las diferentes carteras responsables de las acciones sociales, para que sus denuncias sean resueltas. Para eso estamos: para dejar la impunidad de lado y lograr que las condenas y los resultados que ellas buscan sean reales. La impunidad no puede existir en esta comisión; lo que tenemos que lograr es eliminarla y tener respuestas concretas a favor de las mujeres indígenas de las comunidades, pero también de la mujer limeña. El Perú entero tiene estos problemas, así que tenemos que lograr esos cambios.
– ¿Cuáles serán sus primeras acciones?
Nos hemos estado organizando con diferentes regiones, pero lo primero que vamos a hacer, y esto ya es una propuesta más interna, es reunirnos con el equipo de trabajo de la ministra de la Mujer, para evaluar primero los casos existentes y luego llevar a la comisión tanto a los integrantes del ministerio como a la propia ministra, para que presenten las incidencias y las estadísticas que necesitamos conocer. Tengo una reunión importante para saber el balance real de esa cartera y definir qué hacer nosotros desde la comisión. También voy a llevar las demandas que me han planteado colegas como Romina Uribe, de Arequipa, y otra colega de Puno, para trabajar en conjunto. En principio, esto es para armar un plan de trabajo, reunirnos con las carteras necesarias, recabar información, contrastarla con lo que nosotros tenemos, y hacer la invitación a las autoridades que tienen que estar presentes, no solo del Ejecutivo, sino también del sistema de justicia y el Poder Judicial. Eso es una propuesta que irá desarrollándose.
