Por: Cristina Ureta – Candidata 5 / País Para Todos

He recorrido zonas mineras del país y he conversado con trabajadores, familias y pequeños productores que viven de la minería artesanal e informal. En esas conversaciones hay una coincidencia clara: la mayoría no quiere permanecer en la informalidad; quiere reglas claras, procesos viables y un Estado que acompañe en lugar de cerrar puertas.

Mi vínculo con este tema también tiene una raíz personal. Parte de mi familia materna proviene de la zona de Combapata, en Cusco. Mi bisabuela y su hija —mi tía abuela— trabajaban como mineras artesanales. En una de sus jornadas fueron asaltadas en el camino y perdieron la vida. No lo menciono desde el dolor ni desde la revancha, sino desde una memoria serena: la historia pudo haber sido distinta si el entorno hubiera sido más seguro y más formal. Esa experiencia familiar explica por qué miro este debate con respeto y con sentido de responsabilidad.

Por eso me preocupa la simplificación que suele instalarse en el debate público, donde se coloca en un mismo saco a la minería informal, la artesanal y la minería ilegal. Esa confusión no solo es injusta, sino que dificulta diseñar políticas efectivas. No es lo mismo quien busca formalizarse que quien opera al margen de la ley con economías criminales detrás.

La formalización debe ser una política de transición realista. Sin embargo, en la práctica, los mecanismos vigentes han terminado convirtiéndose en procesos excesivamente complejos, con exigencias técnicas, administrativas y económicas que muchos pequeños productores simplemente no pueden cumplir en los plazos establecidos. Cuando la formalización se vuelve inalcanzable, deja de ser una solución y pasa a ser un factor que perpetúa el problema.

También considero necesario decir algo con claridad: ser una empresa minera formal no implica automáticamente cumplir la ley. En el país hemos visto operaciones formalmente constituidas que incurren en faltas ambientales, laborales o tributarias. Esto demuestra que la discusión de fondo no es solo quién tiene un registro, sino quién actúa conforme a las normas. La legalidad no puede ser solo un estatus; debe ser una práctica verificable.

Desde una perspectiva técnica, el camino pasa por construir un modelo de formalización progresiva: simplificación regulatoria, asistencia técnica permanente, acceso a financiamiento, trazabilidad de la producción y fortalecimiento de la fiscalización basada en riesgos. No se trata de bajar estándares, sino de hacerlos alcanzables y fiscalizables.

Defender la minería artesanal y acompañar a la minería informal en su tránsito hacia la legalidad no es romantizar la actividad; es reconocer su peso económico y social en territorios donde muchas veces el Estado llega tarde o llega poco. Una política pública eficaz debe partir de esa realidad y no de supuestos.

Creo firmemente que el Perú necesita un sector minero moderno, competitivo y con reglas claras para todos. Pero también necesita equidad en el acceso a la formalidad y coherencia en la fiscalización. Si queremos reducir la ilegalidad de verdad, debemos construir un sistema que incluya, supervise y corrija, no uno que expulse.

Mi posición es simple: formalizar sí, pero con inteligencia, gradualidad y justicia. Ese es el enfoque que, estoy convencida, puede generar desarrollo, estabilidad social y mayor legitimidad para todo el sector.