Por: Pablo Carranza

 

¿Qué lectura tiene del incremento de la delincuencia en los últimos meses?

Bueno, hay una percepción en el mundo del hampa de que no hay ni autoridad ni represión suficiente en el Estado peruano, en primer lugar. O sea, los delincuentes no le tienen miedo ni a la ley, ni al Estado, ni a la Policía, y eso los lleva a actuar de esta manera tan brutal. Se calcula que de enero a marzo han muerto alrededor de 470 personas. Eso no ha ocurrido nunca en la historia de la república. En segundo lugar, quien es el verdadero conductor de una estrategia contra la violencia es siempre el jefe del Estado, el ministro es un secretario del jefe del estado, pero quien toma las decisiones trascendentales para combatir la violencia es él o la presidente de la República, dependiendo de los casos. Esa ha sido la experiencia histórica del Perú. Esa es la reflexión que me merece la crisis actual.

 

¿Qué opina que en la última década haya habido 25 ministros del Interior diferentes?

El cambio es indiferente, si no hay una estrategia emanada desde la presidencia de la República para combatir a la delincuencia, que en realidad es hoy una forma de terrorismo organizado, porque el terrorismo político busca dominar a la población a través de la violencia arbitraria y el terrorismo delincuencial busca el mismo objetivo, dominar a la población a través de la violencia arbitraria contra los ciudadanos. Por lo tanto, es urgente también que se legisle en el sentido de calificar a las bandas de las organizaciones criminales como organizaciones terroristas y que se les aplique la legislación antiterrorista.

 

¿Cómo sería el proceso para considerar legalmente a la delincuencia como terrorismo urbano?

Se puede analógicamente en el sentido de que son organizaciones constituidas con jefes y que tienen como finalidad aterrorizar a vastos segmentos de la población para cobrar los cupos, estos tributos ilegales. Se puede considerar que son una organización terrorista, pues son rivales del Estado, están pretendiendo ser rivales del Estado y por lo tanto son terroristas que buscan sustituirse a la autoridad y a la ley.

 

¿Cómo analiza el papel del Ministerio Público en el contexto de la lucha contra el crimen organizado?

Bueno, hay malos precedentes legislativos que le permiten a los fiscales esquivar la ley y también la mala doctrina para enfrentar el crimen, porque se necesita una doctrina muy clara en la cual lo que está mal está mal y lo que está bien está bien, y eso no parece existir hoy en día en el estado operado.

 

¿A qué se debe la debilidad del Ministerio Público?

Creo que el Ministerio Público no cumple bien su rol porque está politizado, y en el plano de la delincuencia es seguidor de Juan Jacobo Rousseau: El criminal es inocente, es la sociedad la que tiene la culpa. Es lo que dice esta ideología que después pasará de Rousseau al marxismo.

 

El gobierno de la presidenta Dina Boluarte ya tiene más de dos años, ¿qué conclusiones tiene al respecto?

Bueno, ha sido un gobierno de transición frente a una gran crisis nacional que fue el golpe de Estado, gracias a Dios, fracasado de Pedro Castillo. La vicepresidenta de Pedro Castillo, era la señora Dina Boluarte, que asumió el mando y decidió ir por la escena de la Constitución, cosa que está muy bien, pero ahora se requiere que tome decisiones para la salvaguardia de los ciudadanos y de todos los peruanos en general. No solo los ciudadanos, los niños, los ancianos, las personas discapacitadas, todos aquellos que son víctimas de esta violencia. No es posible que se esté extorsionando a los colegios y que los colegios cierren y dejen a los niños sin educación por estos actos de extorsión. Eso es terrorismo, eso implica que la jefe de Estado tiene ahora responsabilidades extraordinarias que van más allá de ser un simple gobierno de transición. Tiene que tomar la decisión de plantear una estrategia de combate contra el crimen e instruir a su ministro del interior para que la aplique.