Alberto Fujimori fue presidente del Perú, del 28 de julio de 1990 hasta el 19 de noviembre del 2000. Uno de los grandes desafíos que afrontó al asumir el gobierno fue la crisis económica que experimentó el país en la década de los 80.
El 8 de agosto de 1990, el entonces ministro de Economía Juan Carlos Hurtado Miller anunció un paquete de medidas económicas para enfrentar la hiperinflación en la que se encontraba el Perú tras el primer mandato de Alan García.
Bajo la asesoría de los economistas Carlos Boloña y Hernando de Soto, el conjunto de medidas incluyó el alza en el precio de productos de primera necesidad.
Así, desapareció el nefasto sistema de “precios oficiales”, incluido el del dólar, y ese sinceramiento de precios condujo, pocos años después, a la estabilidad.
Política Fiscal
Uno de sus principales logros fue establecer una adecuada política fiscal. En 1990, el gobierno de Alberto Fujimori implementó el Comité de Caja que fijaba el nivel de gasto en función de la disponibilidad de ingresos.
En una primera etapa fueron derogados 64 tributos y se suspendió 41 beneficios y exoneraciones del IGV e ISCF.
El IGV se redujo de 18% a 14%; y se suspendió la prohibición de importaciones.
En 1991 se dio inicio a un proceso de reforma estructural de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat).
Estabilidad es la palabra clave de la reforma macroeconómica que emprendió el primer Gobierno de Fujimori, pues también implementó medidas para asegurar la estabilidad fiscal y monetaria.
La primera, a través de un manejo prudente de los recursos públicos y la creación de una entidad recaudadora de impuestos estricta y profesional (la Sunat), y la segunda, otorgándole al Banco Central de Reserva (BCR) autonomía para el manejo de la política monetaria.
El ordenamiento del gasto público también se logró reduciendo la abultada planilla gubernamental y vendiendo empresas estatales que operaban con ineficiencia y generaban pérdidas. Otro paso clave fue la reincorporación del Perú al sistema financiero internacional: se renegoció la deuda externa, lo que a su vez abrió las puertas a nuevas líneas de crédito para sanear la economía y emprender una necesaria renovación de la infraestructura pública. También hubo reformas en el sistema de pensiones, la regulación de servicios públicos, la promoción de exportaciones y del turismo, y la protección del consumidor y de los derechos de autor, entre otras.
Reforma de pensiones
En junio de 1993 se creó el Sistema Privado de Pensiones, tomando como modelo el sistema creado en Chile en la década de los 80.
En 1995, el gobierno de Alberto Fujimori introduce una nueva reforma al reducir la aportación de los afiliados del 10% al 8%, así como la eliminación de la contribución de solidaridad de 1% con el IPSS, el aporte de 1% al Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi); y la eliminación del impuesto general a las ventas (IGV) a las comisiones y primas.
El descuento a los trabajadores afiliados pasó de 16% a poco más del 11%.
Privatización
En los 90 Alberto Fujimori puso en marcha el programa de privatización de empresas estatales de los sectores de minería, energía, telecomunicaciones y banca, bajo la Ley de Promoción de la Inversión Privada en Empresas del Estado.
Entre 1992 y 1996 se privatizaron cerca de 110 empresas estatales, generando ingresos al Estado por alrededor de US$ 7,200 millones.
Entre las empresas privatizadas se encuentran Petromar por Petrotech Internacional; Compañía Peruana de Teléfonos y Empresa Nacional de Telecomunicaciones por Telefónica España; entre otras.
En 1995 el 60% de acciones de Banco Continental fueron vendidas al consorcio conformado por el Banco Vizcaya de España y empresas locales del Grupo Brescia.
En 1996, el proyecto minero Antamina de la empresa estatal Centromin también fue vendido, al igual que la Empresa Siderúrgica del Perú.
Entre 1995 y 1999, se vendió la refinería de zinc de Cajamarquilla, Empresa Metalúrgica de La Oroya, entre otras.
Tema laboral
Además, la Constitución de 1993 limitó ciertos derechos laborales con el objetivo de flexibilizar el mercado laboral, facilitando la contratación y despido de trabajadores. Aunque esto impulsó la competitividad y productividad en algunos sectores, también contribuyó al aumento de la informalidad laboral y la precarización de ciertos empleos.
Dentro del marco constitucional, se implementó una disciplina fiscal más rigurosa, estableciendo límites al endeudamiento del Estado. Esto contribuyó a la reducción de la inflación y al mantenimiento de la estabilidad macroeconómica en las décadas siguientes, siendo un factor crucial para el crecimiento sostenido del país.
