Funcionaria de SUNARP habría beneficiado a presunta red criminal encabezada por socio de su padre
La registradora pública Ana Rocío Monsalve Inga, de la SUNARP Chiclayo, ha puesto en el ojo de la tormenta a la Superintendencia Nacional de Registros Públicos luego de que fuera denunciada por trabajadores de la empresa Agropucalá de beneficiar a una presunta organización criminal encabezada por el socio de su padre Estanislao Monsalve Llamo.
Los hechos se producen en el contexto de la pugna por el control de la azucarera de Agropucalá, donde los trabajadores se enfrentan a una presunta organización criminal denominada “El CLAN” encabezada por el conocido lavador de dinero Carlos Roncal Miñano, actualmente preso, y el comerciante Ernesto Flores Vílchez, apodado “el pollero”.
Dese hace varios meses los trabajadores azucareros libran una batalla legal para apartar del control de la azucarera a los miembros del CLAN, quienes desde el mes de febrero de este año se hicieron del negocio de la caña de la empresa a través de una administración concursal representada por la abogada Sonia Alva Rodríguez, que fue designada por medio del INDECOPI.
En mayo de este año el Tribunal del INDECOPI declaró la nulidad de la Junta de Acreedores donde se decidió la instauración de la administración concursal del CLAN en última instancia administrativa, por múltiples irregularidades, y ordenó que la Comisión de Procedimientos Concursales de dicha institución se pronuncie sobre la validez de los actos posteriores realizados en dicho procedimiento.
Esta situación fue dirimida por dicha Comisión mediante resolución 4325-2023/CCO-INDECOPI expedida el 13 setiembre del 2023, que declaró la nulidad de la Junta de Acreedores donde se designó a Sonia Alva Rodríguez como administradora concursal y ordenó convocar a una nueva Junta de Acreedores para la elección de nueva administración de la empresa, la cual se llevará a cabo los días 10 y 13 de octubre de 2023, según la convocatoria publicada por el INDECOPI.
El papel clave de la registradora en el litigio
Sin embargo, durante el trámite de inscripción de la cancelación registral de la administración del CLAN, hizo su aparición la registradora pública Ana Rocío Monsalve Inga, quien viene bloqueando dicho trámite desde más de 20 días, a pesar de los reiterados reclamos de los trabajadores ante su propio despacho y la jefatura de la SUNARP Chiclayo, a cargo del abogado Gino Cesar Yarlaque Oliva.
Dicha registradora, no solamente se ha negado a inscribir la resolución que declaró la nulidad de la administración encabezada por Sonia Alva Rodríguez, exigiendo que el INDECOPI aclare si dicha resolución tiene la condición de firme, a pesar de que, la Ley General del Sistema Concursal establece su ejecutoriedad incluso si fuera impugnada.
Sino que además se ha negado a inscribir la resolución emitida por el Tribunal del INDECOPI sin dar explicación alguna, permitiendo que la administración del CLAN permanezca inscrita en los Registros Públicos a pesar de haber sido declarada nula desde mayo del 2023.
Los millones detrás de la decisión de registradora
Esta situación viene dando lugar a que los miembros del CLAN sigan sustrayendo enormes cantidades de caña de la empresa, valorizada en mas 5 millones de soles, la cual es comercializada para su propio beneficio, sin cumplir con el pago de las remuneraciones de los trabajadores, quienes durante su gestión han percibido apenas 10 soles diarios de salarios, y no cuentan con seguro social de ESSALUD.
Lo grave del caso es que la sospechosa conducta de la registradora Ana Rocío Monsalve Inga no se debería únicamente al mero desconocimiento de la normativa que regula los procedimientos concursales, sino que tendría otros intereses de por medio; pues el padre de dicha registradora, Estanislao Monsalve Llamo, se dedica a la comercialización de caña, y posee interés directo en la administración de las empresas azucareras de Lambayeque.
No solo eso, sino que el padre de la registradora en cuestión, es socio del comerciante azucarero Ernesto Flores Vilchez, quien a través de la empresa panameña Krestel Venture Group puso a Sonia Alva al frente del ingenio azucarero de Pucalá.
Vínculos entre el padre de la registradora e investigado por lavado de dinero
La sociedad entre Flores Vílchez y Monsalve Llamo es tan fuerte que ambos se aventuraron meses atrás a intervenir en la administración de la azucarera Tuman, la cual dejaron completamente paralizada, en medio de una serie de denuncias en su contra.
Precisamente, por el caso de la azucarera Tuman, el padre de la registradora Ana Rocío Monsalve Inga y el comerciante Ernesto Flores Vílchez, comparten una investigación penal a cargo de la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado de Chiclayo, donde vienen siendo indagados, pese a lo cual la registradora cuestionada se ha aferrado a la tramitación del caso de la azucarera Pucalá en defensa de los oscuros intereses del socio de su padre, en lugar de abstenerse por decoro.
Inacción de jefaturas de SUNARP
Ante estas circunstancias los indignados trabajadores de Agropucalá, han solicitado reiteradamente la intervención de la jefatura y de la gerencia registral de la SUNARP Chiclayo, frente a lo que parece ser un caso de grandes magnitudes que podría acabar involucrando a más de un funcionario de SUNARP.
Los trabajadores han anunciado que ante esta grave situación están acudiendo a las instancias nacionales de SUNARP a denunciar el hecho, así como ante el Ministerio Público pues sostienen que la registradora Ana Rocío Monsalve Inga habría sido captada por la presunta organización criminal el CLAN para manejar sus intereses dentro de la SUNARP, en desmedro de miles de familias pucaleñas.
Por lo pronto se ha abierto la sospecha sobre la licitud y procedencia de los fondos que el padre de la registradora Estanislao Monsalve Llamo utilizaría para realizar supuestas inversiones de más de 15 millones de soles en las azucareras de Lambayeque, tal como lo dio a conocer su socio Ernesto Flores a través de los medios de comunicación locales, por lo que no se descarta el inicio de una investigación por el presunto delito de lavado de activos contra el padre la registradora Ana Rocío Monsalve Inga, más aún si su socio Flores Vílchez afronta una acusación fiscal de 19 años de cárcel por ese mismo delito.
