“Su labor sirvió para venganzas personales y políticas”, señala expresidente del TC
Pablo Carranza
El conocido Caso Lava Jato comenzó allá por el 2016 cuando una corte de Nueva York anunció que la constructora brasileña Odebrecht había reconocido el pago de US$ 29 millones en sobornos a funcionarios peruanos de cuatro gobiernos entre 2005 y 2014. A partir de ese momento, los fiscales del caso, José Domingo Pérez y Rafael Vela Barba iniciaron investigaciones que llevaron a diferentes políticos tras las rejas de manera preliminar.
Sin embargo, hasta la fecha, varios de los procesos están muy atrasados, con acusaciones muy endebles, y, peor aún, con claros visos de que ha habido una politización de la administración de justicia. Para tratar este tema, La Razón conversó con el expresidente del Tribunal Constitucional, Víctor García Toma, quien no dudó en señalar que el mega proceso judicial “Lava Jato” no fue más que un psicosocial armado por un sector ideológico para afianzar su poder.
Han pasado casi 7 años desde que se comenzó a procesar a los involucrados en el caso Lava Jato ¿por qué no hay ningún sentenciado?
Porque el desarrollo de los casos han sido muy lentos y deficientes, los fiscales encargados han estado por debajo de las expectativas. Yo diría que se han juntado la ignorancia del derecho y los procedimientos judiciales, ya que ni siquiera han podido aprobar un examen de conocimiento en la JNJ. Obviamente hubo una sobrevaloración de las capacidades profesionales de los miembros del Equipo Especial Lava Jato por parte de la prensa y de un sector que quería perseguir a sus enemigos políticos.
¿Es normal que un juicio se demore tantos años?
Es que primero se dedicaron a pedir prisión preventiva para medio mundo, no sé si con la intención de figurar mediáticamente, o por populismo, o alguna razón subalterna porque parece que fue un psicosocial. Eso, aparte de que las defensas legales de los inculpados hacían todo lo posible para dilatar las causas. Aun así es excesivo, porque en otro países de Latinoamérica también hubo causas similares que incluso ya están sentenciadas.
¿Cree usted que hubo venganzas personales o políticas?
Por supuesto, es un típico “quítate tú para ponerme yo”, pero no contaban con que los fiscales iban a ser tan poco eficaces. Estuvo involucrada toda la clase política tradicional de los gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), además de la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori, e, incluso, la exalcaldesa de Lima Susana Villarán.
¿Según su experiencia cree que tenemos un Poder Judicial politizado?
Sí está fuertemente politizado, pero no digo que la política sea el único poder que influye en la administración de justicia, también está el poder económico, mediático, las ONG, etc. Pero en el caso de la política, se debilita la independencia del Poder Judicial, lo que pone en riesgo la imparcialidad y la objetividad de las decisiones judiciales. En su gran mayoría de los casos, los jueces y fiscales pueden sentir presiones políticas para tomar decisiones que favorezcan a ciertos intereses o grupos, en lugar de aplicar la ley de manera justa y equitativa.
¿Cree usted que haya miembros de la Junta Nacional de Justicia que tengan sesgo ideológico?
No podría afirmar ello, en todo caso mi crítica hacia esa institución es que deberían mejorar los mecanismos de designación, evaluación y sanción a los malos magistrados. Si los ciudadanos perciben que los tribunales no son imparciales y están bajo el control político, es probable que pierdan la fe en el sistema y busquen otras formas de resolver sus conflictos, lo que puede socavar el estado de derecho. Está claro que la politización puede llevar a retrasos y estancamiento en casos importantes, especialmente aquellos que involucran a figuras políticas o a temas sensibles para ciertos grupos de poder.
