Contralor Nelson Shack pone al descubierto cómo se copó el estado
Durante la gestión de Pedro Castillo, preso por su fallido autogolpe y acusado de liderar una red criminal desde el sillón presidencial, el Estado gastó más de 18 millones de soles en contrataciones públicas “sin proceso”, informó el contralor general de la República, Nelson Shack.
Shack explicó que en ese tipo de adquisiciones no hay competencia y manifestó que es una «contratación a dedo».
«El año pasado, durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo, se gastaron S/ 18 millones en compras menores a 8 UIT, en consecuencia es una contratación a dedo», refirió.
“No hay competencia, no hay pluralidad y hay poca transparencia, todos sabemos cómo funciona esta modalidad en el Estado, todo es una farsa que cumple con la normatividad”, dijo durante una mesa de trabajo organizada por el Congreso.
En la lista figura la contratación del Ministerio de la Producción, mediante la Dirección General de Desarrollo Empresarial, a Edwin Chávez Prado, sobrino de Jorge Luis Prado Palomino, exministro de dicha cartera del gobierno de Castillo Terrones.
Se le dio más de S/27 mil y la Contraloría manifestó en diciembre del año pasado que fue un acto de nepotismo. Por lo cual, resaltó presuntas responsabilidades penales del exministro, su sobrino y otros funcionarios del Ministerio de la Producción.
Bajo su óptica, además de los procesos “a dedo”, existen otros grandes problemas que propician este panorama, como la excesiva cantidad de normas para contratar con el Estado, de modo que urge “un sistema más simple y estandarizado, basado en una sola normativa”.
El contralor también mencionó “el débil proceso de programación y planificación, que genera que no haya una idea clara de lo que se va a contratar en el Estado”, así como la poca cantidad de proveedores con experiencia, un cuadro que deviene en “precios muy caros” por la ausencia de “una competencia real de postores”.
“Inclusive, hay casos de tres postores que pueden pertenecer a un mismo dueño. La quinta problemática se debe a las debilidades en los procedimientos de selección y deficiente administración de los contratos”, matizó. De 2018 al año pasado, la Contraloría identificó unos 11,927 funcionarios involucrados en ilícitos como negociación incompatible, colusión y peculado.
El ente que preside emitió, de igual manera, unas 22,925 alertas de riesgo a las entidades públicas sobre contrataciones, la mayoría relacionada con actos preparatorios (9236), procedimientos de selección (5402) y ejecución contractual (2039). El funcionario lamentó que solo para la mitad hubo medidas correctivas.
