Contratos por más de 84 millones de soles, reuniones reservadas con empresarios y alquileres irregulares generan dudas sobre la transparencia del proyecto.
Cuarto Poder reveló que la Unidad Ejecutora para la Bicameralidad del Congreso (UEB) comprometió más de 84 millones para el regreso del Senado. Parte de esta suma fue discutida en una reunión privada entre funcionarios parlamentarios y empresarios, cuya grabación fue publicada de manera no visible en YouTube. En el video, el director ejecutivo de la UEB, Enrique Fernández Paniagua, detalla que estos contratos corresponden al primero de seis procesos que se ejecutarán.
Del total comprometido, 29 millones serán destinados a renovar la infraestructura del Palacio Legislativo (sistemas eléctricos, sanitarios y mecánicos), y 55 millones se usarán para implementar tecnología moderna, como nuevos sistemas de audio, video y conectividad. Sin embargo, estos planes se han manejado con escasa transparencia y sin difusión oficial. No existen registros públicos claros ni de las visitas ni de las contrataciones.
El especialista en contrataciones estatales Marco Montoya advierte que el uso de procesos especiales de precalificación reduce la competencia y dificulta la fiscalización. Además, señala que este modelo de contratación se aleja de los estándares que deberían regir el uso del dinero público.
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El reportaje también apunta a que la Mesa Directiva del Congreso, encabezada por Eduardo Salhuana, aprobó los procedimientos sin garantizar mecanismos de control. Incluso se habría solicitado expresamente no fiscalizar a esta unidad.
Entre las empresas beneficiadas, Técnica Ingenieros recibió el contrato para renovar el sistema eléctrico tras asistir a la reunión privada. Por su parte, E-Business Distribution Perú, responsable de la parte tecnológica, ya había trabajado con el Estado, incluso durante el Proyecto Legado, donde también laboró Fernández Paniagua.
Aunque aún no se han iniciado obras, la UEB ya ha gastado más de un millón de soles en sueldos para 46 empleados. Se estima que este gasto podría superar los 2.5 millones en los próximos meses. Además, el director de la unidad negó el ingreso a congresistas, fiscalizadores y periodistas a su sede. Esta oficina funciona en un local alquilado por 40 mil soles mensuales. Sin embargo, el lugar permaneció inactivo durante dos meses tras la firma del contrato.
