La Política Económica no viene generando ni promoviendo un crecimiento sano (5% anual).
No se han reducido gastos innecesarios e improductivos (empleocracia estatal), que liberen recursos para incrementar la inversión pública, ni para “allanar el camino” para mayor inversión privada, que constituye el 80% de la inversión total.
Se dijo, por voces del Gobierno, que la inversión pública tendría efecto multiplicador; sin embargo, tiene problemas con las empresas constructoras y muchas obras están paralizadas en arbitrajes judiciales.
Hay aproximadamente 2 mil proyectos sin ejecutar y 633 abandonados, el 40% de las obras en ejecución presentan deficiencias técnicas e incumplimiento contractual. La política económica del gobierno no puede seguir siendo la del “cajero”, sin planificación estratégica que priorice rutas posibles para el bienestar de la ciudadanía.
La inflación acumulada a setiembre 2022 fue de 8.5%, según entidades como el BBVA Research y Scotiabank, con una trayectoria que puede llegar a 8.9% hacia diciembre, muy por encima del rango meta comprometido por el Gobierno de 1 a 3% anual. Esto disminuye fuertemente el poder adquisitivo de los consumidores y la demanda de bienes y servicios.
Carmen Reinhart, economista en jefe del Banco Mundial afirma que el Perú se encuentra en el grupo de países que está en riesgo de llegar a tener estanflación que tiene 03 características principales: crecimiento bajo del PBI, inflación en alza y desempleo. Si bien el desempleo afecta al 4.5% de la población, el 80% del empleo es informal, donde la población sobrevive el “día a día”. Con ello, estos 03 requisitos están cerca de cumplirse.
Veamos los precios de principales productos (Julio 2021): el precio del balón de gas era S/. 35, hoy cuesta S/. 60; 01 Kg de pollo costaba S/. 6.50 ahora S/. 11.00; 01 litro de aceite costaba S/. 7.00 ahora S/. 15.0; un Kg de huevos costaba S/ 4.5 y ahora S/8.5, 01 Kg de azúcar costaba S/ 2.2 ahora S/4.5, y 01 galón de gasolina costaba S/. 17.00, y ahora cuesta 22.00.
Según el articulo 58° de la Constitución Política vigente, sobre la Economía Social de Mercado, se indica que el “Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura”.
Sin embargo, el Gobierno permite el abuso de los oligopolios (sistema financiero y AFPs), y no recupera recursos prestados a empresarios rapaces, como los entregados en el Programa Reactiva Perú (S/ 53 mil millones aproximadamente), donde encima les han reprogramado sus deudas y donde el garante es el Estado (a través de COFIDE) que pagará las deudas de los empresarios con nuestros impuestos. Por ello sería inmoral lanzar un Reactiva 3, como ha anunciado el Gobierno.
El equipo económico actual debe informar que hará para promover el incremento de la inversión privada el 2023 (será 0% en 2022), y con ello contribuir a un crecimiento del PBI en 5%, como mínimo, y no 2.5% como cerrará el 2022 (o de 3% proyectado para el 2023). Cabe señalar que existe hoy una alta desconfianza del sector privado empresarial en invertir, por la incertidumbre política y los conflictos sociales internos.
(*) Economista