El liberalismo económico afirma que la economía de libre mercado garantiza el crecimiento económico y mejora el nivel de vida de la población.
La regulación económica tiene por finalidad que las decisiones privadas no perjudiquen el interés general. Son disposiciones de Gobierno para regular el mercado y que las empresas deben cumplir para garantizar la competitividad.
La economía esta estancada con una proyecion del 1% en el PBI 2023 y al borde de entrar en recesión técnica, pero requerimos de estabilidad macroeconómica para atraer a la inversión privada que representa el 80% del total.
La regulación no debe ser entendida como intervención ni control a la iniciativa empresarial privada. La regulación es una actividad del Estado que promueve la sana competencia en actividades donde es posible; impide el abuso de posiciones de monopolio y oligopolio; desregula para eliminar barreras a la competencia e impide prácticas discriminatorias o desleales contra los competidores.
La economía tiene por finalidad mejorar la calidad de vida de la persona y para ello se deben aplicar medidas para lograrlo. Si se deja todo al mercado, las cosas se harán en beneficio del grande y al no pensar en el resto se ira contra de los intereses de la mayoría.
Joseph E. Stiglitz Premio Nobel de Economía señala: “La idea de que el mercado es eficiente y un motor de competitividad es absolutamente errónea”
Los altos niveles de concentración, generan que un pequeño número de grandes empresas o grupos de poder económico impacten en la sociedad: Debido a la concentración y por qué las tendencias se acentúen en el tiempo al no ser limitadas verticalmente por el Estado, aumenta el abuso de dominio de mercado caso de 04 Bancos (BCP, BBVA Continental, Scotiabank y Interbank).
En el caso peruano es importante aplicar medidas de mayor regulación a las empresas privadas que concentran poder económico e impiden la libre competencia.
Jean Tirole Nobel de Economía, sostiene que hay sectores económicos que son dominados por un pequeño número de grandes empresas o por un monopolio u oligopolio; que, si no se regulan,
esos mercados producen «efectos socialmente indeseables», como precios más elevados que los costos o empresas poco productivas que sobreviven bloqueando la entrada de nuevos competidores.
La Constitución Política de 1993 establece, que estamos en una economía social de mercado y que el Estado orienta el desarrollo del país y actúa en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura.
La economía social de mercado señala una competencia justa y libre elección del consumo, reconoce una política económica de mercado y al mismo tiempo una política social que regula la primera.
La crisis política, económica y social que venimos atravesando debe hacer repensar al equipo de gobierno, sobre el grave riesgo macroeconómico y sus implicancias en el pueblo.
Propongo juntar a un equipo de profesionales de experiencia en una mesa económica y de otros sectores para salvar al país donde deben participar economistas, directivos, empresarios, representantes sindicales, representantes de la patronal, de las pymes, los trabajadores autónomos, así como un representante de defensa de los consumidores. Así se puede proponer un conjunto de estrategias y un plan de reactivación. John F. Nash, Premio Nobel de Economía
(*) Economista
