Resguardarán 5 penales y destruirán antenas clandestinas de comunicación

 

Las Fuerzas Armadas (FF.AA.) fortalecerán el control externo de los penales declarados en emergencia a nivel nacional, según dispuso el Gobierno en un decreto legislativo.

La norma publicada en el diario El Peruano, el domingo 8 de noviembre, señala que la participación de los militares será temporal y excepcional. Y que contarán con el apoyo del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y la Policía Nacional.

Los penales que abarca dicha medida son: Challapalca (Tacna), Cochamarca (Pasco), Castro Castro y Ancón I (Lima), así como el de Trujillo Varones (La Libertad).

Previo a la publicación de esta medida, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, aseguró que este primer Decreto Legislativo del Gobierno permitirá recuperar el orden en las cárceles.

«Prometimos un uso firme y contundente de las facultades legislativas y este primer decreto lo demuestra. Sumamos a las Fuerzas Armadas a la tarea de recuperar el orden en las cárceles y cortar de raíz el ingreso de objetos prohibidos y desarticular las conexiones que mantienen los criminales con el exterior», indicó.

Según la norma, las principales funciones a cumplir por el personal militar serán:

Vigilar perimétricamente los penales; reforzar el control e impedir el ingreso de armas y sustancias ilícitas; neutralizar el uso de drones no autorizados y que pongan en peligro la seguridad; brindar soporte logístico, tecnológico y de inteligencia para respaldar el bloqueo de comunicaciones clandestinas y detectar antenas ilegales y prevenir posibles fugas o ataques externos.

También podrán ejecutar acciones de vigilancia, patrullaje e inteligencia en las zonas de influencia de los establecimientos penitenciarios, con la finalidad de mantener una presencia preventiva, supervisar las áreas exteriores e identificar situaciones que puedan comprometer su seguridad.

Asimismo, podrán ejecutar acciones de vigilancia, control y protección desde los torreones y puestos de observación de los establecimientos penitenciarios, para supervisar el perímetro exterior y advertir oportunamente posibles amenazas.

También estarán autorizadas a identificar, evaluar y prevenir riesgos o amenazas contra la seguridad externa de los establecimientos penitenciarios, mediante actividades de vigilancia, reconocimiento e inteligencia, en coordinación con las autoridades competentes.

Las Fuerzas Armadas podrán implementar y operar módulos o puestos de control de seguridad y revisión previa en los accesos a los penales, a fin de facilitar la revisión y verificación de las personas y los bienes antes de su ingreso a dichos recintos.

Por su parte, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), dependencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), aplicará sanciones por sobrevuelos no autorizados.

Además, fija un plazo de cinco días calendario para determinar las zonas de influencia penitenciaria y modifica la Ley N.° 30740, que regula los sistemas de aeronaves pilotadas a distancia (RPAS).

La disposición establece expresamente: «La finalidad del presente decreto legislativo es fortalecer la seguridad y el control en los establecimientos penitenciarios comprendidos en una declaratoria de estado de emergencia, mediante la participación excepcional y temporal de las Fuerzas Armadas en acciones de seguridad externa».

Cabe mencionar que, a la fecha, el sistema penitenciario del país se encuentra en un estado de hacinamiento. Hasta agosto de este año, se registraron aproximadamente 107 mil internos en las cárceles, pese a que la capacidad total del sistema es de alrededor de 42 mil personas.

De otro lado, el Gobierno aprobó otra de las iniciativa, la cual plantea cambiar el numeral 3 del artículo 20 del Código Penal, que regula la legítima defensa como una de las circunstancias que pueden eximir de responsabilidad penal a una persona.

El proyecto busca fortalecer esta figura jurídica. Los cambios concretos deberán conocerse a través del texto definitivo para establecer si se modifican los requisitos actualmente previstos en la legislación.