ONG se unen a presión para torcer decisión soberana de Uruguay
CÉSAR LÓPEZ
El gobierno de Martín Vizcarra entró en desesperación por el inminente asilo diplomático al expresidente Alan García Pérez, el cual destaparía la grosera persecución política contra miembros de la oposición y su interés de controlar el Congreso de la República, el Poder Judicial y el Ministerio Público.
Fuentes de cancillería revelaron a LA RAZÓN que el gobierno en reunión con el embajador de Uruguay, Carlos Barros, informó que en caso se conceda el asilo al líder aprista se “caería” la lucha contra la corrupción y todo el trabajo de la fiscalía en relación al caso Lava Jato.
Incluso se habría afirmado que habría información comprometedora contra el expresidente proveniente de Brasil y que su asilo tendría repercusión con el caso del Juez César Hinostroza, detenido en España por ser supuesto integrante de los “Cuellos Blancos”.
Esta desesperación se debería a que la defensa legal del expresidente ha presentado importante documentación que revela la persecución política, entre ellos las amenazas de cierre del Congreso por no aprobar las reformas políticas, la detención a la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori cuando fue citada a una declaración, las constantes presiones del gobierno para que el Parlamento Nacional destituya al Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, quien investiga el caso Chincheros donde está implicado el jefe de Estado, Martín Vizcarra, incluso la embajada charrúa tendría acceso a audios del mandatario cuando se desempeñaba como ministro de Transportes del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.
Según las mismas fuentes, la contundencia de la información entregada preocupó al gobierno, ya que la actuación de la fiscalía y el juez Richard Concepción Carhuancho no estarían de acuerdo a los estándares internacionales.
Ayer, el Gobierno peruano entregó al embajador de Uruguay, Carlos Barros, la información relacionada con el expresidente Alan García.
En la Nota Diplomática sobre la solicitud de asilo diplomático presentada por el expresidente Alan García Pérez, la Cancillería sostiene que en el Perú impera la democracia, el estado de derecho y la separación de poderes, así como la plena vigencia de los derechos humanos y libertades fundamentales.
Barros precisó que la documentación le fue entregada por el vicecanciller peruano, Hugo de Zela.
«La documentación va a ser enviada de inmediato al Gobierno de Uruguay», precisó a la prensa tras la reunión sostenida con el vicecanciller.
Según indicó, el trámite del asilo político tomará «todo el tiempo que sea necesario».
Presiones
El legislador Marco Arana, del Frente Amplio, planteó que una delegación multipartidaria de congresistas viaje a Uruguay con la finalidad de informar al Congreso y a la sociedad de ese país, que en el Perú no existe ningún tipo de persecución política contra Alan García.
El congresista Juan Sheput (Peruanos por el Kambio) defendió la iniciativa de Marco Arana (Frente Amplio). Según indicó, esta medida no politiza el asilo solicitado por el ex mandatario Alan García y, por el contrario, busca informar a los políticos uruguayos respecto a la situación nacional.
En el mismo libreto, la presidenta de Transparencia Internacional, Delia Ferreira, advirtió que el asilo político «no puede ser una herramienta para generar impunidad en los casos de gran corrupción».
La mencionada organización internacional de izquierda tiene un sesgo ideológico contra Alan García y Keiko Fujimori.
