Madre de Dios lidera incautaciones con más de 11,5 millones de soles en bienes.
El Gobierno ha intensificado las acciones contra la minería ilegal con la realización de 25 operativos en 13 regiones del país. Estas intervenciones permitieron la incautación y destrucción de bienes utilizados en esta actividad ilícita, los cuales están valorizados en más de 37 millones de soles.
El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, afirmó que erradicar la minería ilegal es una prioridad para la administración de la presidenta Dina Boluarte. «Continuaremos con estos operativos para garantizar el cumplimiento de la ley, proteger el medio ambiente y frenar a los grupos criminales que afectan nuestros recursos y comunidades», declaró.
Los operativos se llevaron a cabo en 13 regiones: Amazonas, Áncash, Cajamarca, Junín, La Libertad, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín y Ucayali. En estas intervenciones participaron la Policía Nacional del Perú, a través de la Dirección de Medio Ambiente, y la Marina de Guerra, mediante la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi). Además, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental coordinó las acciones para desarticular las operaciones ilegales.
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Madre de Dios fue la región con mayor cantidad de bienes incautados, con un valor superior a los 11,5 millones de soles. Piura le sigue con 7,6 millones y La Libertad con 3,8 millones.
El operativo más contundente se ejecutó en el distrito de Inambari, en la provincia de Tambopata (Madre de Dios). Allí, los bienes interdictados superaron los 8 millones de soles. Entre lo incautado hay maquinaria pesada, motores, balsas, chancadoras, explosivos, combustible y herramientas especializadas. Esto demuestra el alto nivel de organización de las operaciones ilegales.
Desde enero hasta el 15 de marzo, se han realizado 192 operativos contra la minería ilegal en todo el país. Estas acciones han permitido la incautación y destrucción de bienes por un valor superior a los 400 millones de soles. Además, refuerzan el compromiso del Gobierno en la lucha contra la minería ilegal. Por ello, buscan no solo frenar el daño ambiental, sino también debilitar la acción de grupos criminales que operan en el país.
