Revelan que se busca obstruir el trabajo de la prensa y criminalizar a las fuentes periodísticas
El gobierno busca evitar la difusión de información sobre actos de corrupción que se investiga en el Ministerio Público y el Poder Judicial, entre ellos audios que implique al presidente Pedro Castillo en la investigación sobre líder de una organización criminal encargada de entregar obras públicas en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a cambio de dinero ilícito.
La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) reveló que considera como un “potencial riesgo” la iniciativa planteada por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) de promover un proyecto de ley que permite sancionar a los jueces, fiscales y policías que se encarguen de filtrar información a la prensa de sus aspirantes a colaboradores cuando se refieran a casos en reserva.
De acuerdo con el secretario general de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP), Renzo Chávez, algunos personajes políticos buscan “obstruir el trabajo periodístico” y “criminalizar a las fuentes” al respaldar dicha iniciativa legislativa.
“Lo que nos preocupa es que lo que están haciendo es criminalizar a las fuentes periodísticas. Hemos visto con anterioridad en la historia, como estos procesos de colaboración eficaz, los documentos, aquellas declaraciones que han salido en los medios, han ayudado a transparentar y a fortalecer los procesos con un mayor respaldo ciudadano”, declaró.
Asimismo, señaló que la ANP defenderá la libertad de expresión y aseguró que se interpondrá diversas acciones legales si la medida es aceptada por la mayoría del Congreso.
Por su parte, el Instituto Prensa y Sociedad expresó preocupación ante propuesta del Gobierno que busca sancionar a jueces y fiscales por revelar información sobre investigaciones o procesos a terceros.
La entidad indicó que esta propuesta intenta obstruir el aporte de la justicia a la investigación periodística, por lo que enfatizó que están vigilantes de leyes que perjudiquen o impidan la labor de la prensa.
Por su parte, Marisol Pérez Tello, exministra de Justicia, consideró la medida poco útil. «Es innecesario porque ya está tipificado en el código penal la omisión de funciones en el artículo 355. En una investigación reservada el custodio de la reserva de esta investigación, sea el fiscal o el juez, tienen a su cargo garantizar la reserva de esta investigación entonces no es necesario», explicó.
Sostuvo que existen mecanismos internos dentro de la Policía Nacional o la Fiscalía para establecer procedimientos sancionadores administrativos. Por ello, lamentó que haya un riesgo contra la libertad de expresión.
