El Ejecutivo planteó cambios a la autógrafa
El Gobierno decidió observar la autógrafa de ley que modifica los límites territoriales entre Tacna y Moquegua, una medida que impide su promulgación y obliga a que el proyecto regrese al Congreso para una nueva evaluación. La decisión se produce en medio del conflicto generado por la delimitación de la zona de Quebrada Honda y mientras Moquegua mantiene un paro regional indefinido.
La observación fue comunicada mediante un oficio enviado al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, firmado por el mandatario José María Balcázar y el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo. En el documento, el Ejecutivo sostiene que la norma requiere modificaciones antes de entrar en vigencia.
Entre las principales observaciones, el Gobierno plantea cambiar la disposición complementaria final del proyecto para garantizar que el saneamiento territorial solo comprenda provincias y distritos pertenecientes a Tacna, evitando así afectar jurisdicciones de otras regiones.
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Con esta decisión, la autógrafa no podrá ser promulgada y deberá volver a la Comisión de Descentralización del próximo Congreso, que tendrá la responsabilidad de revisar las observaciones formuladas por el Ejecutivo y definir si incorpora los cambios o insiste con el texto aprobado anteriormente.
La polémica por esta iniciativa surgió luego de que las autoridades de Moquegua denunciaran que la propuesta invade parte de su territorio. Según la gobernadora regional, Gilia Gutiérrez Ayala, la delimitación planteada comprende sectores de Quebrada Honda, ubicada en el distrito de Torata, provincia de Mariscal Nieto, lo que consideran una vulneración de la soberanía regional.
Como respuesta, organizaciones sociales, gremios e instituciones públicas y privadas iniciaron un paro regional indefinido desde el 30 de junio. Los manifestantes exigen que el proyecto sea archivado y cuestionan que su elaboración se haya realizado sin la participación de representantes moqueguanos.
Las autoridades regionales sostienen además que el conflicto no solo involucra la delimitación territorial, sino también el control de recursos estratégicos, como las fuentes de agua y el futuro canon minero que podría generarse por la ampliación de operaciones de Southern Perú en la zona.
Otro de los cuestionamientos apunta a la elaboración del proyecto. Moquegua afirma que la propuesta contiene errores técnicos y que las coordenadas utilizadas no reflejan la realidad geográfica del territorio, situación que, según la gobernadora Gilia Gutiérrez, podría generar un conflicto permanente entre ambas regiones.
Con la observación del Ejecutivo, el proyecto queda suspendido hasta que el nuevo Parlamento evalúe nuevamente su contenido. Mientras tanto, el paro regional continúa y las autoridades moqueguanas mantienen su pedido para que cualquier modificación territorial se realice con estudios técnicos y con la participación de todas las partes involucradas.
