El Ejecutivo tiene como objetivo agilizar los procedimientos judiciales en casos de crimen organizado
El Gobierno de Dina Boluarte ha promulgado modificaciones clave a la Ley sobre crimen organizado, aprobadas por el Congreso el 16 de octubre. Estas modificaciones incluyen cambios importantes que buscan fortalecer la lucha contra delitos como extorsión, secuestro y sicariato.
La ley mantiene la definición de crimen organizado como una estructura compleja compuesta por tres o más personas, y establece penas mínimas de cinco años de prisión para quienes participen en estos delitos con el fin de obtener beneficios económicos o materiales.
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Modificaciones urgentes del Gobierno
Uno de los aspectos más relevantes de la modificación es el ajuste en el procedimiento para los allanamientos. Según la nueva normativa, los operativos de registro e incautación realizados por la Fiscalía podrán llevarse a cabo con o sin la presencia del investigado, pero deberán contar con la presencia de un abogado de la defensa pública desde el inicio del procedimiento. Si el investigado desea que su abogado particular esté presente, el allanamiento no se suspenderá; el operativo continuará hasta que dicho abogado llegue al lugar.
Además, se otorga al fiscal provincial la facultad de solicitar al juez medidas como el allanamiento de inmuebles fuera de los casos de flagrante delito, siempre que existan razones suficientes y justificadas. Estas medidas podrán aplicarse para detener personas o incautar bienes relacionados con la investigación.
