Implementarla requeriría reformas y podría tardar varios años.
El gobierno de Dina Boluarte busca ampliar la pena de muerte a delitos como el sicariato y de los casos ya contemplados en la Constitución. Esta postura ha generado debate, especialmente entre especialistas en derechos humanos, quienes cuestionan su efectividad y advierten sobre sus implicancias legales.
Según Marina Navarro, directora de Amnistía Internacional Perú, la pena de muerte es una medida irreversible que puede conllevar la ejecución de personas inocentes. Además, citó estudios que demuestran que este castigo no disuade el crimen. Como ejemplo, mencionó a Canadá, donde la tasa de criminalidad disminuyó en un 50% tres décadas después de la abolición de la pena capital.
Tania Pariona, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), calificó de irresponsable la propuesta del Ejecutivo, señalando que no ha sido efectiva en otros países. Agregó que este tipo de iniciativas desvían la atención de problemas estructurales como la impunidad y la falta de oportunidades.
Lee también:
Más de 5,000 inscritos se suman al mayor programa contra la ciberdelincuencia
Para implementar la pena de muerte en más delitos, Perú tendría que salir de la Convención Americana de Derechos Humanos, lo que implicaría un proceso de varios años y la pérdida de protección internacional en caso de violaciones a los derechos fundamentales. El abogado penalista James Rodríguez estimó que este trámite podría tardar entre cuatro y ocho años, sin contar la posterior reforma constitucional y legal.
Navarro advirtió que en muchos países la pena de muerte se aplica de forma discriminatoria, afectando principalmente a personas de bajos recursos sin acceso a una defensa adecuada. Por ello, considera que fortalecer el sistema judicial y reducir la impunidad son estrategias más eficaces contra la delincuencia.
Pariona coincidió en que la solución pasa por mejorar la inteligencia policial, agilizar la justicia y garantizar procesos eficientes. También enfatizó que la militarización de las calles y otras medidas extremas no han demostrado ser efectivas para reducir el crimen.
Finalmente, ambas especialistas señalaron que una salida del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tendría repercusiones internacionales y podría aumentar la impunidad.
