Ejecutivo se muestra en contra de la eliminación del CAS considerándola como inconstitucional y aseguran que se está generando un problema en las instituciones del Estado al no poder contratar personal
La jefa del Gabinete Ministerial, Violeta Bermúdez, informó que durante la sesión del Consejo de Ministros, se acordó encargar a Servir y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, evaluar una acción de inconstitucionalidad por la ley que elimina progresivamente el régimen CAS.
En conferencia de prensa, mencionó además la necesidad de entablar un diálogo con el Congreso de la República, a efectos de compartir con ellos los impactos de la ley aprobada.
“Hicimos una evaluación a la ley 31131, conocida como la ley CAS y lo primero que se destacó es el compromiso del Gobierno con un servicio civil meritocrático, organizado y respetuoso de los derechos laborales de todos los servidores públicos. Sin embargo, evaluamos que en el texto de la ley aprobada se dejó de lado la implementación de la carrera pública», manifestó.
En esa medida, se analizó que una de sus disposiciones de la mencionada norma, prohíbe la contratación de personal bajo el régimen CAS a partir de su vigencia, es decir desde el 09 de marzo, lo que genera un problema en las contrataciones en diversas entidades.
En ese sentido la titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, explicó que esta paralización en la contratación de personal, podría tener consecuencias en los servicios esenciales que se prestan a la población.
Contratación de personal
Bermúdez informó también que se decidió avanzar en la implementación del Servicio Civil porque es fundamental cumplir también con la intensión del Congreso de la República, de que todos los servidores públicos cuenten con sus derechos reconocidos por la Constitución y las leyes.
La jefa del Gabinete detalló también que se acordó emitir un dispositivo legal, como una medida inmediata y temporal, para que ningún servicio del Estado deje de atender por carecer de recursos humanos.
Bermúdez explicó que es necesario contar con los profesores para la continuación del año escolar, garantizar la contratación del personal para la atención de la pandemia y el proceso de vacunación.
“Hemos acordado encargar a Servir y al Ministerio de Justicia la evaluación de una posible acción de inconstitucionalidad contra la mencionada ley, pero también entablar un diálogo con el Congreso de la República para compartir con ellos los impactos de la ley aprobada en el funcionamiento de los servicios que se brindan a la población a través de 2 mil entidades públicas a nivel nacional y la necesidad de compartir con ellos el por qué de estas medidas transitorias”, sostuvo.
Cabe precisar que el pasado 4 de marzo, el Congreso de la República, aprobó por mayoría la insistencia de la autógrafa que elimina en forma progresiva el régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS) en el sector público.
