Ciberdelincuentes tendrán penas severas por este tipo de ilícitos
El Gobierno ha emitido un decreto legislativo utilizando las facultades delegadas por el Congreso, con el propósito de salvaguardar a los menores de edad de actividades delictivas en línea.
Este decreto impone sanciones más severas para los delitos informáticos, alterando específicamente los artículos 5 y 9 de la Ley Nº 30096, conocida como la Ley de Delitos Informáticos, con el objetivo de fomentar el uso seguro y responsable de las tecnologías digitales entre los menores.
En este contexto, se establece que cualquier persona que contacte a un menor de 14 años a través de internet u otro medio similar con el fin de solicitar o obtener material pornográfico, o proponerle participar en cualquier actividad de naturaleza sexual, será sancionada con una pena de prisión no inferior a 6 años ni superior a 9 años.
Adicionalmente, se señala que en todos los casos en los que la víctima sea menor de edad, se aplicará también la pena de inhabilitación de acuerdo con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 y 11 del artículo 36 del Código Penal.
De manera similar, se incrementan las sanciones para aquellos que, utilizando tecnologías digitales, usurpen la identidad de una entidad ya sea natural o jurídica, siempre y cuando dicha acción cause algún tipo de perjuicio, ya sea de índole material, moral u otro.
En esta circunstancia, el individuo que cometa esta infracción estará sujeto a una pena de prisión que oscilará entre un mínimo de 3 años y un máximo de 5 años.
Además, el dispositivo introduce modificaciones en dos disposiciones complementarias finales de la Ley Nº 30096.
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En este sentido, se indica que las pautas que rigen la actuación del agente encubierto en contextos digitales serán armonizadas, según corresponda, con la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), de acuerdo con las normativas actuales que supervisan el Sistema Nacional de Transformación Digital.
Asimismo, se incorpora a esta secretaría de la PCM en la colaboración interinstitucional entre la Policía Nacional, el Ministerio Público y otras entidades especializadas para combatir estos delitos.
La firma del decreto legislativo corresponde a la presidenta de la república, Dina Boluarte; el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; el ministro del Interior, Víctor Torres; el titular de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana; y la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Nancy Tolentino.
