Policía y Fuerzas Armadas mantendrán el control del orden interno.
El Gobierno prorrogó por 30 días el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao con el objetivo de enfrentar los altos niveles de criminalidad y violencia que afectan a estas jurisdicciones. La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 044-2026-PCM, publicado en el diario El Peruano, y entrará en vigencia desde el lunes 30 de marzo de 2026.
La disposición fue adoptada por la gestión del presidente José María Balcázar y establece que durante este nuevo periodo la Policía Nacional del Perú continuará a cargo del control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas del Perú. Asimismo, se precisa que las zonas de intervención serán definidas en base a información de inteligencia, estadísticas y mapas del delito.
El decreto señala que la ampliación del estado de emergencia responde a la necesidad de reforzar las acciones frente a la delincuencia, permitiendo una mayor capacidad de respuesta de las autoridades en zonas consideradas de alto riesgo. En ese contexto, se faculta a las fuerzas del orden a intervenir en puntos estratégicos para prevenir y combatir actos delictivos.
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Durante la vigencia de la medida, se podrán restringir o suspender determinados derechos constitucionales. Entre ellos figuran la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la seguridad personal. Esto implica que cualquier actividad masiva deberá contar con autorización previa de las autoridades competentes, como parte de las acciones de control y prevención.
Además, el dispositivo establece mecanismos de supervisión sobre los resultados obtenidos. En ese sentido, el Comando de Coordinación Operativa Unificada deberá presentar un informe detallado al titular del Ministerio del Interior del Perú dentro de los cinco días hábiles posteriores a la finalización del estado de emergencia. Este documento incluirá un balance de las intervenciones realizadas y su impacto en la reducción de la criminalidad.
Posteriormente, el informe será remitido a la Presidencia de la República del Perú, al Congreso de la República del Perú y al Poder Judicial del Perú, con el fin de evaluar la efectividad de las medidas adoptadas y determinar posibles acciones futuras.
El decreto supremo lleva la firma del presidente José María Balcázar, del presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, y de los titulares de los sectores Interior, Economía, Transportes y Comunicaciones, Justicia y Derechos Humanos, y Defensa, quienes respaldan la continuidad de esta medida excepcional en la capital y el primer puerto.
Con esta decisión, el Ejecutivo busca mantener el despliegue de fuerzas del orden en puntos críticos, en medio de una creciente preocupación ciudadana por la inseguridad. La prórroga del estado de emergencia se suma a otras acciones adoptadas en los últimos meses para contener el avance de la delincuencia en Lima y el Callao.
