Ejecutivo promulgó un nuevo Decreto Legislativo que tipifica como delito la filtración de información reservada por parte de funcionarios o servidores públicos, con penas de hasta 10 años de prisión, y deja claro que los periodistas y medios no serán enjuiciados por publicar datos en ejercicio de la libertad de prensa.
El presidente interino José Jerí firmó el Decreto Legislativo Nº 1739, publicado en el diario oficial El Peruano, que incorpora al Código Penal el delito de “revelación de información reservada” cometida por servidores o funcionarios públicos con acceso a datos sensibles durante investigaciones penales, especialmente en casos de extorsión, secuestro o sicariato.
La nueva norma —el artículo 409-C del Código Penal— establece que quienes indebidamente muestren, filtren o permitan el acceso no autorizado a información reservada que afecte el contenido de denuncias, identidades protegidas o diligencias fiscales y policiales, podrían enfrentar penas de prisión de entre 5 y 7 años, además de inhabilitación y días-multa. En situaciones agravadas, la pena puede elevarse hasta entre 7 y 10 años, como cuando la divulgación compromete seriamente una investigación, pone en riesgo la seguridad de víctimas o denunciantes, o la información es usada con fines económicos o entregada a organizaciones criminales.
A diferencia de la filtración por parte de funcionarios, el decreto aclara expresamente que no constituye delito la publicación de información reservada por parte de periodistas o medios de comunicación cuando estos actúan dentro del ejercicio de sus funciones de libertad de información y de prensa. Asimismo, tampoco se sanciona a un funcionario que da a conocer datos reservados con la finalidad razonable de exponer hechos que puedan constituir un delito de persecución pública.
La medida fue diseñada en el marco de las facultades legislativas delegadas al Ejecutivo para fortalecer la lucha contra la criminalidad organizada y busca proteger datos cuya divulgación pueda poner en riesgo la seguridad de las investigaciones y de las personas involucradas, así como reforzar la transparencia y la responsabilidad en la administración pública.
