Elio Riera, abogado de Alberto Fujimori, reconoció que se solicitó el incremento del personal de seguridad y vigilancia para el expresidente, al señalar que el número de efectivos pasó de tres a cinco por día y diez en total. Todo esto se da en momentos que el gobierno ratificó que defenderá indulto al exmandatario ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Desde que salió del penal de Barbadillo, la comandancia general de la PNP estableció que el servicio de seguridad y protección a Fujimori se incremente a un oficial superior y 10 suboficiales.
La defensa del expresidente, Elio Riera, explicó que se solicitó la medida como elemento de vigilancia, al declararse infundada la detención domiciliaria que demandaba el Ministerio Público.
La solicitud de resguardo realizada para demostrar que no existe peligro de fuga se amparó en la Directiva N° 007-2022-IN-DIRSEEST PNP, “Lineamientos para brindar servicio de seguridad y protección a funcionarios/as públicos/as, dignatarios/as y personalidades, en sus diferentes modalidades, la seguridad de instalaciones públicas y seguridad domiciliaria”.
“Nosotros propusimos [el incremento del personal policial] como un elemento de vigilancia, que era lo que finalmente quería fiscalía. En atención a la directiva N° 007-2022 es que se solicitó el incremento de personal de seguridad para custodia vigilancia del expresidente. Esto data de hace aproximadamente un mes”, explicó.
Cabe mencionar que, en enero, mes en el que el expresidente ya estaba en libertad y contaba con seis suboficiales asignados (tres por día).
De otro lado, entre sus primeras entrevistas, el flamante presidente del Consejo de Ministros (PCM), Gustavo Adrianzén, ratificó que, pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al Estado peruano abstenerse de excarcelar al expresidente, la posición del Estado es su liberación. Detalló los panoramas ante las explicaciones que desde el gobierno se darán a la Corte IDH.
“El escenario más óptimo es que la Corte se dé por satisfecha con las explicaciones que estamos brindando. En eso el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Cancillería están trabajando arduamente. El informe, confío yo, va a ser sumamente contundente y espero que satisfaga plenamente a la Corte”, declaró el jefe del gabinete ministerial.
“Un escenario poco favorable, pero también probable, es que como consecuencia de la audiencia la Corte decida que el Estado peruano está en desacato. Si este desacato es así declarado, la Corte podrá informarlo en la próxima Asamblea General de la OEA. Lo que dice la Corte Interamericana en sede internacional y lo que dice nuestro supremo tribunal de justicia, la Corte Suprema o el propio Tribunal Constitucional, no siempre es coincidente. El estado peruano ha adoptado aquí una posición y esa vamos a llevar a San José de Costa Rica”, agregó el sucesor de Alberto Otárola.
