La presidenta de la República, Dina Boluarte, y el titular del Congreso, Alejandro Soto, enviaron una carta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), donde expresan su rechazo por el pedido que realizaron para no aprobar la ley contra crímenes de lesa humanidad.
Boluarte y Soto remarcaron que «el Estado peruano, como lo establece la Constitución Política, es una república democrática, social, independiente y soberana, organizada según el principio de separación de poderes, con una larga tradición de respeto por las obligaciones internacionales que ha suscrito en su poder soberano».
Además, indicaron que «el Perú es un país democrático, que tiene sus propios mecanismos internos para controlar las leyes que se aprueben, a través del control difuso ejercido por el Poder Judicial o del control concentrado ejercido por el Tribunal Constitucional».
«Deploramos profundamente que la Corte IDH, en la referida resolución, implique que el Perú no es un estado constitucional de derecho y que carece de los mecanismos propios de una república democrática en la que operan el balance y control de los poderes públicos», subrayaron los titulares del Ejecutivo y Legislativo.
El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, señaló que “la presidenta y el presidente del Congreso han enviado una carta de respuesta a la resolución que ha emitido la Corte IDH. Y en esa carta de respuesta firmada por los dos poderes del Estado electos, han hecho saber a la Corte IDH el profundo rechazo que les ha merecido esta resolución”, sostuvo Adrianzén.
Posteriormente, Adrianzén dijo que, pese a la respuesta de la presidenta de la República y el presidente del Congreso, no hay “ninguna razón, de momento, para excluirnos de la Corte IDH”.
El pleno del Congreso de la República aprobó el dictamen que limita los alcances de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra en la legislación peruana para hechos ocurridos antes de 2002. La cual fue ratificada por la Comisión Permanente.
Este proyecto busca hacer justicia con militares y policías que fueron perseguidos por ONG caviares por derrotar al terrorismo en los años 1980 y 1990.
“Este proyecto de ley tiene como objeto restaurar la legalidad en el Perú que ha sido pisoteada y violada impunemente por magistrados prevaricadores y politizados, que ha utilizados criterios jurídicos no aplicables para perseguir, procesar y sentenciar injustamente a militares y policías que en las décadas de 1980 y 1990 derrotaron al terrorismo e impidieron que esas hordas criminales esclavizaran a los peruanos y destruyeran el país. Se trata de reparar una injusticia que se ha cometido y se sigue cometiendo todos los días con militares y policías octogenarios y nonagenarios que lucharon y entregaron sus vidas para salvar al Perú”, dijo el congresista Fernando Rospigliosi, autor del proyecto de ley.
“Proyecto busca impedir que magistrados politizados y prevaricadores sigan persiguiendo a militares y policías que derrotaron al terrorismo. Se anulan las sentencias ilegales. Se busca restaurar la legalidad y reparar una injusticia”, acotó.
