Durante su intervención en el Congreso, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, anunció un blindaje legal a los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) que usen sus armas sin temor a represalias judiciales.
Cabe señalar que organizaciones no gubernamentales con apoyo de un sector de la Fiscalía realizan una persecución judicial contra policías por enfrentar a la delincuencia y el crimen.
En esa línea propuso la firma de un Pacto por la Seguridad, el cual incluiría a todos los poderes del Estado y al Ministerio Público. Su objetivo es evitar que los policías sean perseguidos legalmente cuando hagan un uso legítimo de la fuerza en el combate contra la delincuencia.
“Dentro de ese pacto se debe garantizar que los efectivos de la Policía Nacional no sean perseguidos judicialmente cuando hagan uso legítimo de sus armas de fuego. Necesitamos eso para continuar firmes en la lucha contra la criminalidad”, declaró el ministro.
Su pedido se enmarcó en el reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC) del 6 de febrero, el cual ratificó que la PNP tiene el monopolio legítimo de la violencia, siempre que actúe conforme a la ley. Según el TC, el uso de armas por parte de los agentes en el cumplimiento de sus funciones no es inconstitucional, ya que su finalidad es proteger a la población.
En otro momento, el ministro abordó la propuesta del Ejecutivo de calificar los delitos de extorsión y sicariato como terrorismo urbano. Defendió esta iniciativa argumentando que dicha categorización no solo incrementaría las penas mínimas asociadas a estos crímenes —con no menos de 30 años de prisión—, sino que también permitiría la participación de las Fuerzas Armadas en su persecución.
Además, subrayó que estas actividades delictivas representan una grave amenaza para la seguridad del país, generando miedo y zozobra en la población.
