Se ha tachado de obstruccionista al Congreso para destruir su imagen, señala
Para el excanciller y expresidente del Congreso, Luis Gonzales Posada, la clausura del Parlamento configura un golpe de Estado que, sostuvo, «alterará por largo tiempo la vida económica, política y social del país y abrirá las puertas del poder a la izquierda radical».
– En CNN el periodista que entrevistó al congresista Olaechea sostuvo que el gobernante legítimo era Vizcarra, porque contaba con apoyo de los militares …
Los militares no dirimen en temas constitucionales. Si así fuera, el dictador Maduro sería un presidente legítimo y democrático, porque lo apoya la cúpula de las Fuerzas Armadas.
– Usted dijo en una entrevista, también en CNN, que lo ocurrido forma parte de una estrategia planificada para que la izquierda se haga del poder…
Así es. Acá ha sucedido una larga campaña tachando de obstruccionista al Congreso, que ha servido de argumento para destruir la imagen del Parlamento. No discuto que este Congreso ha cometido graves errores, algunos muy graves, como blindar a gente a la que debieron levantarle el fuero y entregarlos a la justicia, pero también reconozco que está compuesto por legisladores honorables, de principios y valía; así que no podemos poner a todos en el mismo saco.
– No hubo obstrucción, según su criterio.
No. Este Congreso, que es el mismo que designó presidente a Vizcarra, aprobó tres pedidos de facultades legislativas, que fueron aprobadas. Gracias a ello, el gobierno promulgó 213 leyes, de las cuales solo observaron tres, porque colisionaban con la Constitución. Asimismo, respaldaron el proyecto de «reconstrucción con cambios«, para que el régimen desarrolle obras por 25 mil 600 millones en las zonas siniestradas del norte, pero hasta la fecha solo han gastado un 20% de esa cantidad. Los presupuestos, asimismo, resultaron aprobados en la línea del Ejecutivo, a tal punto que los dos ministros de Economía de este régimen, Alfredo Thorne y Carlos Oliva, declararon que no sufrieron obstrucción en su trabajo y que más bien tuvieron una magnífica relación con el Parlamento.
– Sin embargo, el presidente Vizcarra se quejó varias veces de que el Congreso caminaba a paso de tortuga…
Más bien respondería que, a paso de tortuga, pero renca, caminan las obras en el norte o la Junta Nacional de Justicia, reemplazante del desacreditado Consejo de la Magistratura, que en siete meses no ha nombrado un solo miembro. O que a cuatro meses de terminar el año el Ministerio de Salud solo ha gastado un 29% del presupuesto de medicamentos y que las carencias en los hospitales del Estado son tan graves que mueren numerosos niños por falta de incubadoras y equipos. Y, lo igualmente grave, es que la inseguridad avance aceleradamente. De esos hechos no tiene la culpa el parlamento, ¿no?
– Otro reclamo del gobierno es responsabilizar al Parlamento por la demora en la reforma política y afectar la lucha contra la corrupción.
¿Cómo podemos entender que hay voluntad de luchar contra la corrupción, cuando el procurador del Ministerio de Justicia autoriza entregar 524 millones a Odebrecht, a pesar que esa empresa violó el acuerdo de colaboración porque solo declaró haber pagado coimas en 4 de más de 20 obras? Ahora sabemos, gracias a la prensa ecuatoriana, que no solo en el oleoducto sino en otros proyectos hubo corrupción. Sin embargo, a diferencia de las decisiones presidenciales del Ecuador y Colombia, acá se ha aceptado que Odebrecht siga trabajando con el Estado. Hay que destapar la olla, pero de verdad, no como ahora se hace a cuentagotas, filtrando de la carpeta de los fiscales audios o correos a medios de prensa oficialista, prácticas que son ilegales.
– Vizcarra aduce que el Congreso opuso resistencia a la reforma política. Ese es el argumento para su clausura.
Cuando el gobierno propuso un referéndum para cuatro temas, el Parlamento aprobó el pedido y después del evento hizo los cambios legislativos. Es decir, cumplió. Más tarde, plantearon cuestión de confianza para adelantar un año las elecciones, propuesta absolutamente inconstitucional, similar a que se plantee extender el mandato de los legisladores en ejercicio de cinco a seis años. Por eso lo archivó la Comisión de Constitución y el gobierno tuvo que acatar, pero inmediatamente sacaron otra carta de la manga: hacer cuestión de confianza de la reforma de elección de los miembros del Tribunal Constitucional. El Congreso accedió a darles confianza, que desde mi punto de vista no debieron hacerlo, pero luego Vizcarra los disolvió apoyado en una «interpretación fáctica». Peor aún, lo ha hecho a través de un decreto que no lleva la firma del Consejo de Ministros. Todo eso es una farsa, que tiene el respaldo de parte de la prensa y de turbas que amenazan, insultan y difaman a los opositores, como hemos visto estos días. Son las mismas turbas radicales que desfilan ante el Parlamento con banderas rojas, que bloquean carreteras, atacan a la fuerza pública y pretenden ganar el gobierno para convocar a una Asamblea Constituyente.
– ¿Qué hacer entonces?
Resistir, luchar, unirnos en defensa de principios. Y, por lo pronto, exigir que Vizcarra cumpla su palabra y se retire para que se convoquen elecciones generales.
