Congresistas habrían estado de acuerdo al golpe de Estado, señala Ministerio Público
El fiscal adjunto supremo Marco Huamán Muñoz sostuvo que el golpe de Estado del exmandatario Pedro Castillo tuvo la ayuda de funcionarios del Gobierno, así como del Congreso.
“(Pedro Castillo) contaría con funcionarios de su entera confianza que lo habrían acompañado en estos hechos criminosos que se le imputan, tanto de diversas altas esferas del Estado como incluso hasta en el propio Congreso”, alegó el representante del Ministerio Público.
En esa línea, el fiscal advirtió que, estando en libertad el señor Pedro Castillo, podría comunicarse con estas personas a efectos de que “oculte y destruya elementos de convicción que impida la averiguación de la verdad sobre los hechos materias que se le imputa”.
Asimismo, se indicó que los hechos que se le atribuyen a Pedro Castillo son: la disolución inconstitucional del Congreso, instaurar un “gobierno de emergencia excepcional” para convocar elecciones con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución, así como decretar el toque de queda a nivel nacional y declarar la reorganización del Sistema Nacional de Justicia.
“Sin ningún fundamento legal habría vulnerado el artículo 134 de la Constitución”, alegaron desde el Ministerio Público.
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Pedro Castillo decidió guardar silencio durante la audiencia de detención preliminar que se realizó.
El exmandatario no colaboró, ni se pronunció durante esta imputación que podría costarle hasta 20 años de prisión, según establece el artículo 346 del Código Penal del Perú.
Las medidas que dictó en un mensaje a la Nación el expresidente Pedro Castillo de cerrar el Congreso de la República y otras más, le podrían costar su libertad, ya que sería investigado por la Fiscalía de la Nación por rebeldía y cuya pena son hasta 20 años de cárcel.
Así lo dio a conocer el especialista en Derecho Penal y catedrático de la Universidad de Piura, Francisco Álvarez, quien explicó los delitos que habría cometido el exjefe de Estado tras el hecho de ayer.
“Lo que se le viene ahora (a Castillo) es una investigación por el delito de rebelión, porque ya no es presidente en ejercicio. Lo único que ha cambiado ahora (que ya no es presidente) es que puede ser detenido -como ha pasado- porque ha cometido un delito en flagrancia”, dijo Álvarez.
