Postula al senado para salir de prisión
Juntos por el Perú (JPP) confirmó que el golpista Pedro Castillo encabezará su lista de candidatos al senado nacional, con el número 1, esto como una maniobra en busca de inmunidad parlamentaria y salir de prisión.
«¡El pueblo vuelve a levantarse con esperanza y dignidad! Roberto Sánchez y Pedro Castillo, juntos con el pueblo y por un Perú justo, libre y soberano», publicaron en su cuenta oficial de Facebook.
El congresista y fundador de la agrupación, será el aspirante al sillón presidencial, junto con Analí Márquez (primera vicepresidencia) y Brígida Curo (segunda vicepresidencia). Por el momento, no figura entre los principales candidatos en las encuestas, de acuerdo con los últimos datos de Ipsos, sino en el conjunto de ‘otros’.
Lee también:
El Ministerio Público ratificó el pedido de 34 años de prisión para el expresidente Pedro Castillo Terrones por el delito de rebelión, en el contexto del proceso penal iniciado tras el intento de disolución del Congreso ocurrido en diciembre de 2022. La acusación también incluye la solicitud de una multa y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Durante la última audiencia, la Fiscalía propuso además una condena alternativa de 19 años de cárcel en caso de que el tribunal no reconozca la existencia del delito de rebelión pero sí el de conspiración. La institución detalló que ambos escenarios contemplan penas accesorias y reparaciones civiles, en línea con la gravedad de los hechos atribuidos al exjefe de Estado.
La acusación fiscal sostiene que el exmandatario ejecutó una acción inconstitucional al anunciar el cierre del Congreso y la reorganización de todo el sistema judicial y electoral. Según la postura del Ministerio Público, estas decisiones constituyeron un uso ilegítimo de la investidura presidencial y una vulneración al orden democrático peruano.
El proceso judicial abarca también a exfuncionarios como Betssy Chávez, Roberto Sánchez y Willy Huerta, quienes integraron el gobierno de Castillo y están siendo investigados por presunta participación en la planificación y ejecución del caso. El argumento es que la gravedad de los hechos requiere una sanción ejemplar para evitar futuros intentos de ruptura institucional.
