El congresista Esdras Medina presentó su informe final contra la Junta Nacional de Justicia ante Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, a la cual solicitó que se inicien los procedimientos respectivos por la infracción de los artículos 156 y 139 de la Constitución. En un primero momento, no aclaró la sanción recomendada, pero —a través de una carta enviada posteriormente a Lady Camones, titular de la SAC— aclara este punto y recomienda la destitución de los consejeros de la JNJ y la inhabilitación en el ejercicio de la función pública por el lapso de 10 años.
“Se propone se imponga a los causados la medida de destitución de sus cargos e inhabilitación en el ejercicio de toda función pública por el lapso de 10 años conforme lo establece el artículo 100 de la Constitución Política del Perú”, según se lee en el documento difundido por RPP.
El informe final fue presentado pese a que existe una recusación pendiente, sin sustento, contra Esdras Medina, en su calidad de congresista delegado de la investigación, la cual fue presentada la JNJ. El argumento de la Junta es que, cuando los consejeros Aldo Vásquez e Inés Tello recibieron los pliegos de preguntas por este caso, el integrante de Unidad y Diálogo habría emitido juicios de valor contra ellos. Al respecto, se advirtió que tendría una postura sobre el caso, pese a ello se le permitió presentar el documento a la espera de ser debatido y votado en la SAC.
En un intento por tumbarse el informe final, Antonio de la Haza, actual presidente de la JNJ, indicó que Esdras Medina calificó el actuar de los magistrados como una infracción al adelantar una opinión que no estaba redactada en sus conclusiones. La semana de representación en la que se encuentran los parlamentarios habría evitado que se vea el pedido de recusación. En la siguiente sesión, tendría que tratarse.
Por su parte, Esdras Medina dijo no haber sido notificado aún de la recusación presentada en su contra por los magistrados de la Junta Nacional de Justicia, a través de la cual se busca que sea separado del proceso de denuncia constitucional 373 ante la SAC.
En el informe final, se acusa a los consejeros de la JNJ de haber cometido la presunta infracción de los artículos 156 y 139 de la Constitución Política del Perú. En el caso de Inés Tello, es exclusivamente por haber vulnerado el artículo 156.
La Junta Nacional de Justicia permitió que la magistrada Tello continúe en el cargo, pese a tener más de 75 años.
