El presidente de la Asociación Peruana de Productores de Palma Aceitera – PERÚ PALMAS, Ledgard Arévalo Díaz, lamentó que el Ministerio de Energía y Minas, asi como otras autoridades del gobierno, no defiendan la industria nacional de los biocombustibles, la cual ha permitido que 50 mil hectáreas que antes se dedicaban a la siembra de hoja de coca ahora siembren palmas aceiteras.

En declaraciones a La Razón, señaló que «desde el 2018 hemos estado gestionando esta modificación de la ley que data del año 2003, pero que en realidad era letra muerta con relación a nosotros los palmicultores, porque nosotros al incursionar en el cultivo de la palma aceitera hemos tenido que dejar de lado los cultivos ilícitos de la hoja de coca y más de cincuenta mil hectáreas prácticamente que han sido cocales se han convertido en palmerales. Hoy cuando ya desarrollamos el cultivo, no queremos dar pie atrás, al contrario queremos ser un ejemplo para otras zonas donde hay influencia del narcotráfico para que puedan ellos también pasar a la formalización con este cultivo que es rentable y sostenible en el tiempo porque nos permite cosechar dos veces al mes y en el año hacemos 26 cosechas».

Ante ello, explicó que “se está exportando pero hay riesgos en la exportación y si tenemos un mercado nacional porque no participar aquí, si son más de 300 mil toneladas. En la última reunión nos dijeron, hay 5% más adicional a los años anteriores en la demanda nacional de biodiesel, entonces si tenemos un mercado y tenemos la calidad técnica también para procesar biodiesel por qué nos cierran las puertas. Han mencionado sobre el etanol de caña de azúcar que también compite con el etanol de maíz que viene de EEUU y viene con dumping y subsidios. Todo el etanol que se produce en el país se va al extranjero, pero por qué pasa eso».

Pero recordó que, «se habla del bioetanol, que posiblemente le van a incrementar el porcentaje y por qué al biodiesel de palma no le incrementan desde el año 2011, estamos con la obligatoriedad de mezcla de 5%, entonces lo que queremos es modificar también el reglamento que mediante un nuevo decreto supremo pueda realizarse un cuadro para ir gradualmente incrementando también la mezcla porque hay una tabla de dos que ya empezó en 2008 y terminó el 2011. En 2011 empezó B5 y de ahí salta a B20 es como como declararlo imposible. Entonces, lo que queremos es que gradualmente se ponga ahí el cuadro y que pueda incrementarse a 7.5 a 10% a 15% y a 20% posteriormente y hay una consultoría que se ha hecho donde recomiendan al Ministerio de Energía y Minas para que se pueda incrementar la mezcla la obligatoriedad de mezcla a 7.5% de biodiesel y la diferencia sería 92.5% de diésel o petróleo. Con eso vamos a mejorar la calidad del aire que se respira en las grandes urbes”.

En esa línea, apuntó que el biocombustile de aceite de palma «es de mejor calidad porque disminuye la contaminación ambiental, miren como cacarean los colombianos con B10, cuando ellos llegaron a B10 decían: «mejoramos la calidad del aire que se respira en las grandes ciudades» porque técnicamente se ha demostrado que baja el azufre que emiten los vehículos, mejoran los motores. Entonces, al haber menos etano, menos azufre en la emisión de los vehículos se da menos contaminación al ambiente. Eso es lo que no quieren acá percibir y no apuntan».

Finalmente, dijo que «si somos un país comprometido en disminuir la contaminación ambiental, para eso se dio la ley del 2003, donde uno de los objetivos era disminuir la contaminación ambiental, sin embargo, han pasado muchos años y mira seguimos en 5% y no solamente disminuimos la contaminación ambiental sino generamos trabajo. La industria del biodiesel puede generar hasta más de 50 mil empleos y en el campo también se va mejorando la situación, se mejoran las condiciones de vida de los agricultores. Eso es lo que el país no quiere entender y al ministro le hemos solicitado una reunión para conversar con él pero, sin embargo, hasta el momento, no se da».

«Seguimos reuniéndonos, viendo todas las posibilidades para exigir el incremento de la obligatoriedad de mezcla y demostrarle también a las autoridades y al país, que la palma aceitera no es el driver de la deforestación. Si se siguen sembrando, se están sembrando en zonas deforestadas y ahí se siembra con un enfoque de sostenibilidad la palma aceitera y la producción de las próximas plantaciones que ya están sembradas, porque a tres años se empiezan a producir, eso debería tener un mercado seguro a través de una cadena productiva de biodiesel aquí en el país. Hay plantas procesadoras hay capacidad para procesar y para también satisfacer la demanda nacional de más de 300 mil toneladas de biodiesel al año en el país», finalizó.

LEY DE PROMOCIÓN

A inicios de abril, el Congreso de la República oficializó la Ley N° 32276, modificando la normativa de promoción del mercado de biocombustibles que busca fortalecer su producción y promover su consumo.

La ley establece que el Poder Ejecutivo deberá implementar políticas para incentivar la producción y comercialización de estos productos.

Entre las nuevas disposiciones se establece que se fomentará la participación privada, buscando posicionar al país como exportador de biocombustibles. Sumado a eso, se indica que se incentivará la comercialización en distintos sectores económicos, ya sea en su estado puro o mezclado con otros combustibles.

Además, se insta a promover la promoción de la producción de biocombustibles en la selva, en zonas aptas y dentro de programas de desarrollo alternativo sostenible. Para ello, se impulsarán medidas que hagan más competitivo el proceso de producción de biodiesel, asegurando el cumplimiento de los estándares de calidad establecidos en la normativa técnica vigente.

En ese contexto, se estableció un plazo máximo de 90 días para que el Gobierno adecúe los reglamentos existentes, incluyendo el de la ley de Promoción del Mercado de Biocombustibles y el de Comercialización de Biocombustibles. Sin embargo, no ha ocurrido.