Graña y Montero detrás de la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez

El programa Edición Especial Digital, conducido por Diego Acuña, reveló que el proyecto de ampliación del aeropuerto Jorge Chávez y el nuevo terminal único de pasajeros está a cargo de un consorcio cuyo 49% pertenece a la empresa Aenza, ex Graña y Montero, constructora involucrada en el ‘Club de la Corrupción’.

El 30 de septiembre de 2021, Lima Airport Partners y el Consorcio Inti Punku, conformado por Sacyr Construcción y Cumbra Perú, suscribieron un contrato denominado “Terminal”. El monto del contrato asciende a 700 millones de dólares

Se deja claro que Cumbra pertenece al Grupo Aenza (ex Graña y Montero) y tiene un 49% de participación en el consorcio que ganó la ampliación de nuestro aeropuerto.

Según precisa el programa, algunos accionistas de Aenza, antes Graña y Montero, detenidos por corrupción, siguen ejerciendo influencia en la empresa.

Al respecto, el excongresista Víctor Andrés García Belaunde señaló que “Graña y Montero significa corrupción. Aprovechamiento y un legado trunco”

“Ese tipo de empresas que ha hecho tanto daño al Perú no debieran volver a licitar nunca más. Nunca más. Porque las costumbres quedan. La memoria puede perderse, pero la costumbre queda y las malas costumbres son muy difíciles de erradicar, salvo que se elimine la empresa”, aseveró.

 

ADENDA

La ex viceministra de Transportes y Comunicaciones, Fabiola Caballero, dijo que “pareciera que LAP se estuviera burlando del Estado peruano al haber contratado a una de las empresas que ha hecho tanto daño a nuestro país”.

Denunció que durante su gestión recibió presiones para favorecer a LAP

“Hubo mucha presión para la modificación, tal como lo estaba pidiendo y exigiendo Lima Airport Partners en su momento. Cuando me acerqué al equipo técnico de la Dirección General de Aeronáutica Civil pude determinar y detectar que, según la última adenda, la adenda número 7 ya tenía todas las características técnicas y los indicadores y metas que debía de cumplirse.  Sin embargo, estos pretendían ser alterados. Obviamente iban a ser menores inversiones en infraestructura. Y no lo aceptamos. Simple y llanamente dijimos que eso no estaba en discusión técnica, por cuanto ya habíamos tenido demasiadas adendas y teníamos que conservar la propuesta inicial de lo que era el proyecto de concesión, un único terminal portuario”, anotó.

 

PRESIONES

Según Caballero, la presión para modificar la propuesta inicial del plan de desarrollo portuario era intensa.

“Las presiones venían de algunos funcionarios, llamaban, preguntaban, estaban inquietos. Querían que se les recibiera en varias ocasiones a Lima Airport Partners o a veces me invitaban al aeropuerto. Preferí no hacerlo, preferí mantenerme en una postura técnica que era la correcta”, indicó.

La ex viceministra refirió que al no poder cambiar la séptima adenda, LAP se vio obligado a invertir más dinero en la construcción del aeropuerto.

En el primer contrato, el monto asciende a 700 millones de dólares. Posteriormente, se firmó una adenda al contrato que incluye un monto adicional de 350 millones de dólares.

Con esta adenda, el monto total del contrato se eleva a 1,051 millones 944 mil 342 dólares.

 

CUESTIONAMIENTOS

La participación de Cumbra, subsidiaria de Aenza, ex Graña y Montero, plantea serias interrogantes sobre la ética y la transparencia del proyecto. Aenza, con un pasado manchado por escándalos de corrupción, sigue teniendo un rol protagónico en una obra de tanta importancia para el país.

Al respecto, García Belaunde indica que “están subiendo las inversiones y no están previstos absolutamente nada. Están añadiendo la inversión, las tiendas y hasta la mercadería las tiendas para llegar a esas cantidades que nadie audita. Mucho me temo que estemos ante un concesionario de muy baja calidad y de poca moral”.

La empresa Graña y Montero habría participado en actos de corrupción en al menos 16 proyectos de infraestructura pública, incluyendo obras emblemáticas. “Con esta constructora, la ética ha sido sistemáticamente sacrificada en favor de intereses privados. Graña y Montero puede haber cambiado de nombre, pero la realidad es que algunos de sus antiguos accionistas, manchados por escándalos de corrupción, siguen al mando”, indicó el reportaje.

 

ACTA

En el acta de la Junta General de Accionistas no presencial de Aenza S.A.A., celebrada el 24 de octubre de 2023, se detalla la participación de Hernando Alejandro Graña Acuña, primo de José Graña Miroquesada, y Mario Alvarado Pflucker.

En ese sentido, recalcan que Hernando Graña se volvió colaborador y Mario Pflucker es investigado por el delito de colusión en agravio del estado.

“Estos señores en vez de practicar la ética de no contratar con corruptos, aunque ya no lo sean aparentemente ahora, es una falta de ética inmensamente grande, una falta de ética empresarial”, comentó García Belaunde.

En 2017, LAP firmó un pacto global con la ONU para luchar contra la corrupción, proclamando que su “actuación ética” es clave en su operación.

Sin embargo, ¿cómo puede una empresa que dice combatir la corrupción firmar un contrato con Aenza, ex Graña y Montero, conocida por su historial corrupto en el país?

 

LAP

LAP anunció la apertura del nuevo aeropuerto para el 18 de diciembre, pero Carlos Gutiérrez, gerente general de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional, advierte que aún no está todo listo.

Diversos videos muestran que el ingreso al nuevo aeropuerto no cuenta con los accesos adecuados. Esta falta de planificación no solo pone en entredicho la gestión del gobierno, sino que también genera preocupación entre los usuarios.

la decisión de LAP de contratar a Aenza, ex Graña y Montero, plantea una grave cuestión ética. Ignorar el historial de corrupción de esta empresa es una falta de responsabilidad que afecta la confianza pública

LAP envió una carta al programa conducido por Diego Acula en la que si bien admiten que la ex Graña y Montero está detrás del proyecto, precisan que Aenza es líder en el sector construcción y que “(licitación) se realizó luego de su reestructuración interna y cambio de nombre”, agregando que han sido sujetos a auditorias y acciones anticorrupción, y que actúan con apego a la ley.


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