Compañía busca iniciar una demanda internacional ante el CIADI
César López
La empresa Graña y Montero S.A.A., que fue excluida por el Poder Judicial de la investigación por la licitación de la Carretera Interoceánica Sur, busca que el Estado le pague 400 millones de dólares por sus «inversiones» en el Gasoducto Sur Peruano.
Como se sabe, la construcción de esta obra fue entregada al consorcio GSP, integrado por Odebrecht, Enagás y Graña Montero. Ésta última con 20% de la concesión.
Para recuperar su dinero, Graña planteó iniciar una demanda internacional ante el CIADI, ya que todo indica que el consorcio en su conjunto no podrá iniciar el trato directo con el Estado. Esta última situación se ha dado, según GyM, por “un bloqueo” de Enagás.
Hoy el proyecto se encuentra judicializado por cerca de US$2.000 millones, que es la inversión que el consorcio del gasoducto sur peruano –conformado por Enagás, Odebrecht y Graña y Montero– afirma haber gastado en su avance. De ese dinero, Graña busca que el Estado le pague 400 millones de dólares.
DINERO FRESCO
Hace unos días, Graña y Montero, accionista del 20% de la finalizada concesión del Gasoducto Sur Peruano, aseguró que cumplirá con todas sus obligaciones financieras dado que cuenta con liquidez para hacerlo, incluso antes de la devolución del monto invertido por parte del Estado.
Así lo afirmó a través de un comunicado el gerente general de la firma, Mario Alvarado, quien remarcó que Graña y Montero viene trabajando en un plan de desinversiones que será presentado al directorio para su aprobación.
Así, el monto total de activos que la empresa peruana espera vender asciende a 300 millones de dólares, monto que le daría la liquidez para cumplir con todas sus obligaciones pendientes. De acuerdo al análisis realizado por esta compañía, recuperarían más del 95% del monto total invertido en esta megaobra.
LLUVIA DE MILLONES
GyM -subsidiaria de la peruana Graña y Montero- suscribió tres contratos de construcción con Cobra Perú S.A. (responsable de construir las unidades auxiliares de la Refinería de Talara) valorizados en US$ 352’924,000 más IGV, informó la constructora.
El citado contrato tiene por objeto la prestación de servicios de ingeniería, procura, construcción y puesta en marcha de una planta de producción de hidrógeno y nitrógeno; un sistema de captación y tratamiento de aguas y efluentes y distintas edificaciones industriales.
Las mismas que se desarrollarán en el marco de las obras complementarias para la modernización de la Refinería de Talara.
“Con ello la compañía refuerza su cartera de proyectos por ejecutar, lo cual le brinda estabilidad para trabajar en su nueva estrategia de desarrollo, que consiste en enfocar sus actividades en contratos de ingeniería, procura y construcción a nivel regional”, detalló la empresa.
Cabe señalar que esta obra fue estimada en el 2010 en US$1300 millones y que durante el gobierno de Ollanta Humala se anunció en US$ 2,730 millones y que actualmente cuesta US$ 5,400 millones. Varios expertos señalan que este contrato representa un verdadero faenón.
