La Junta Nacional de Justicia empezó la campaña sucia contra el Tribunal Constitucional, y a través de un oficio remitido por el procurador de la JNJ a la Procuraduría General del Estado solicita que se evalúe el inicio de acciones contra el presidente del máximo intérprete de la carta magna, Francisco Morales Saravia, por presunta falta de imparcialidad.
El documento, elaborado a un día de que el TC determinara la reposición de la inhabilitación de Aldo Vásquez e Inés Tello, se basa en la nota publicada en este medio en la que se advierte de la declaración de un colaborador eficaz contra el tribuno.
Según los extractos de la resolución judicial, donde se incluye el testimonio de un colaborador eficaz, se indica que el exfiscal Adjunto Supremo Marco Huamán Muñoz habría contactado y pactado con el magistrado y presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales Saravia, a efectos de favorecer a la exfiscal de la Nación en la demanda competencial planteada contra mi representada”, se lee en el oficio.
CARGOS
Destacaron que “por la calidad y condición de los altos cargos que ostentan los magistrados del Tribunal Constitucional, la Procuraduría Pública de la Junta Nacional de Justicia no tiene competencia funcional para iniciar acciones legales, puesto que ello corresponde eventualmente a las funciones de la propia Procuraduría General del Estado representado por vuestro despacho”.
“Por tanto, ponemos en conocimiento la noticia difundida a efecto que vuestro despacho evalúe y/o determine las acciones correspondientes, en virtud a las atribuciones que le confiere en el numeral 183 del artículo 11° del Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1326, Decreto Legislativo que reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado”, sentenciaron.
RESOLUCIÓN
Según la resolución judicial obtenida, que recoge declaraciones de un colaborador eficaz, Patricia Benavides, junto a sus antiguos asesores Jaime Villanueva y Miguel Girao, habrían orquestado una demanda competencial en previsión de una posible suspensión de Benavides por la Junta Nacional de Justicia. Esto, a raíz de la destitución de la exfiscal suprema provisional Bersabeth Revilla, encargada de investigar a la jueza Enma Benavides por supuestamente aceptar sobornos para beneficiar a individuos acusados de narcotráfico.
Sin embargo, toda esta acusación se caería, debido a que el Tribunal Constitucional falló en contra de Patricia Benavides en la demanda competencia contra la Junta Nacional de Justicia.
