El ciudadano vigilante
Por: Edgardo Palomino Martínez / Guillermo Gonzales Arica deberá comparecer, de grado o fuerza, ante la Fiscal Judith Delgado Panez, titular del Cuarto Despacho del “Equipo Especial Lava Jato”, el próximo 13 de noviembre en la investigación que sobre los aportes de campaña se sigue contra el ex presidente Alejandro Toledo para su participación en las elecciones generales del año 2010.
El ex secretario de Palacio de Gobierno durante el régimen toledista y ex embajador político del Perú en Honduras de Ollanta Humala, entre el 2013 y 2016, deberá presentar documentación que acredite el aporte de S/ 40,282 que hizo a Perú Posible; que, según las investigaciones fiscales se produjo en el año 2010, en varias armadas que se dieron el 2 de octubre, 12 de diciembre y 17 de diciembre de dicho año.
Cabe recordar que, por su lado, gracias a las delaciones del exgerente municipal, José Miguel Castro Gamarra, a su esposa, Anel Townsend, el 13 de julio pasado, el mismo Cuarto Despacho del “Equipo Especial Lava Jato” le abrió investigación preliminar en su contra por supuesto lavado de activos y asociación ilícita en agravio del Estado, por su participación como jefa de la “La Campaña por el NO”, cuya finalidad fue impedir la revocatoria de Susana Villarán como alcaldesa de Lima.
Siempre sostengo que hay que investigar los hechos posteriores vinculados con aquellas personas de quienes se sospecha estar relacionadas con supuestos delitos de naturaleza económica; pues –tarde o temprano– comienzan a aparecer signos exteriores de riqueza que califican como “Incrementos Patrimoniales No Justificados” que usualmente están vinculados con el delito de lavado de activos presuntamente vinculados con la comisión de otros delitos, como podrían ser los de corrupción, narcotráfico, terrorismo, tráfico humano –y, porque no, difamación–, entre otros.
En el caso de la sociedad conyugal Gonzales Arica-Townsend sería interesante conocer cómo se financió la cadena de, por lo menos, cinco restaurantes de comida peruana en la capital hondureña de Tegucigalpa, denominados “Callao – Cocina Peruana”; cuando es bien conocido que las instituciones financieras, a nivel mundial –salvo que se trate de chefs de gran reputación… y, aun así– no otorgan financiamientos para nuevos emprendimientos en esta rama de actividades económicas, por considerarlas de alto riesgo.
De otra manera surgen suspicacias acerca del origen de los recursos con los que se financió esta cadena de restaurantes “Callao”, en Honduras, lejos de la jurisdicción del Ministerio Público peruano.
En el caso de Guillermo “Willy” Gonzales Arica uno podría llegar a preguntarse si los recursos con que se financió la cadena de restaurantes estarían vinculados con los actos de corrupción que el presidente Toledo habría incurrido durante su mandato del 2001 al 2006 (v.g. sobornos, “coimas” y otros provenientes de Odebrecht y otras constructoras brasileras).
En el caso de Anel Townsend cabría preguntarse si los recursos antes indicados estarían vinculados con el financiamiento de la “Campaña por el NO” por OAS y Odebrecht –y, posteriormente, Graña y Montero a través de CHISAC– de la que ella habría sido jefa y vocera por encargo directo de Susana Villarán.
Cabe recordar que, en mayo de 2019, cuando el Fiscal Carlos Puma Quispe solicitó la prisión preventiva de Villarán y Castro Gamarra se manejaban como sumas “aportadas” por Odebrecht y OAS US$6 Millones de (US$3 Millones por empresa); y que de las cuentas que él presentó en su solicitud se desprendía un faltante US$1.3 Millones, cuyo destino, hasta ahora, no sabemos si se está investigando.
También hay que recordar que el señor Fiscal Rafael Vela nos refirió en la apelación de la prisión preventiva antes indicada, que Castro Gamarra había calculado para esa campaña un “presupuesto” de US$8 Millones; y, que no sería de extrañar que posteriormente apareciesen otros aportantes y mayores contribuciones.
¡Y Vela Barba tenía razón!!! Resultó siendo que OAS había aportado US$4 millones, y no US$3 millones; y, Graña y Montero, por lo menos US$200 mil… con lo que el faltante no aplicado a la “Campaña por el NO” ascendería a US$2.5 Millones.
Tampoco hay que olvidar que, salvo los US$1.5 millones que OAS pagó a la empresa de Garreta, el resto de las “contribuciones” llegaron vía “doleiros”; es decir, por fuera del sistema financiero; y, que para “sacarlos” del país habría que seguir un procedimiento similar.
Entonces surge la pregunta: Los US$2.5 millones faltantes, ¿salieron del país como “menaje diplomático” del embajador político Gonzales Arica?
Lo cierto es que sobre el destino de los fondos de la “Campaña por el NO” hay mucho que investigar; y Anel, más que “Willy”, tiene mucho que responder, pues obra en autos que ella y Susana Villarán habrían coordinado los aportes de Odebrecht y OAS con Siomi Lerner, Valdemir Garreta y Luis Favre; como que también es cierto que personas del entorno íntimo de Susana Villarán viajaron a países vecinos a Honduras y a Panamá entre mayo y diciembre de 2013.
Sobre este caso de las “contribuciones” a la “Campaña por el NO” todavía hay mucha tela que cortar…
Edgardo José Palomino Martínez
(*) Abogado
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