Gustavo Adrianzén señaló que el Poder Ejecutivo evaluará la ley de delitos de lesa humanidad cuando el Congreso la promulgue
El premier Gustavo Adrianzén respondió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en relación con la exigencia de garantizar justicia para las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta. La Corte IDH había ordenado al Estado peruano no aplicar una norma del Congreso que pretende prescribir los delitos de lesa humanidad cometidos antes de 2002.
En respuesta, Adrianzén y la presidenta Dina Boluarte, junto con el expresidente del Congreso, Alejandro Soto, enviaron una carta rechazando el pedido de la Corte. Argumentaron que la resolución de la Corte implicaría una intervención en la autonomía del Estado peruano y en sus mecanismos democráticos.
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Corte IDH responde
Por su parte, Nancy Hernández López, presidenta de la Corte IDH, recordó que, como parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Perú está obligado a cumplir con las decisiones de la Corte, incluidas las medidas provisionales. Explicó que el artículo 68 de la Convención impone al Estado peruano el cumplimiento de dichas decisiones de buena fe y de manera vinculante para todas sus autoridades.
En conferencia de prensa, Adrianzén explicó que el Ejecutivo decidió no observar la norma del Congreso después de un intenso debate. Aclaró que la ley aprobada no implica la prescripción inmediata de los delitos de lesa humanidad y que, según el Estatuto de Roma y la Convención de Imprescriptibilidad de crímenes de guerra, estas normas entraron en vigencia en 2002 y 2003, respectivamente.
