Para democratización del estado y sociedad
Ricardo Sánchez Serra
En Marruecos visitamos una institución que nos sorprendió: la Alta Autoridad de Comunicación Audiovisual (HACA, en sus siglas en francés), una entidad constitucional autónoma que se encarga de la regulación del sector audiovisual, y que, entre sus funciones, se encuentra otorgar o retirar licencias, como última instancia administrativa, de acuerdo con lo explicado por Latifa Akharbach, presidente del organismo.
La funcionaria destacó que HACA es parte de la democratización del Estado y de la sociedad marroquíes y recordó que la creación de la institución se realizó en el contexto de las reformas democráticas elaboradas por el país al inicio de los años 2000, gracias al nuevo reinado de Mohammed VI.
La institución está compuesta por un Consejo Superior integrada por nueve miembros: cinco nombrados por el Rey, dos por los presidentes de la Cámara de Representantes y la Cámara de Consejeros; y otros dos por el jefe del Gobierno. Su misión es asesorar y proponer, regular, controlar y sancionar.
Akharbach detalló que, así como se otorgan licencias (deben ser aprobadas en un plazo no mayor de tres meses) a los medios audiovisuales, defienden y protegen la libertad de expresión, vigilan que no exista monopolios de partidos u otras instituciones en los asuntos públicos y velan por que exista una expresión plural de las corrientes de pensamiento y opinión, ya sean sociales, económicas, políticas, así como la diversidad cultural y lingüística, el respeto de los derechos humanos y la dignidad del ser humano, tanto en los medios de comunicación audiovisuales públicos, como privados,
Como anécdotas contó que aplicaron una sanción al canal estatal por discriminación y atendieron una acusación contra una novela turca por su contenido, para que no se siga emitiendo, declarando inadmisible la petición, entre muchos otros casos.
Por la trayectoria de este organismo estatal, democrático y autónomo, ha demostrado ser un ente regulador eficiente, fiable, que no observa críticas a su accionar, propulsor de la libertad de expresión y de la cohesión de la sociedad y promoción de los valores y principios democráticos. Su presidenta, Latifa Akharbach -que es periodista y diplomática- y su equipo de trabajo, han sido garantía de este proceso.
Muchos países -como el Perú– deberían crear una organización similar, que dé confianza a la nación y que esté alejada de favoritismos o venganzas políticas, para, por ejemplo, evitar otorgar o quitar licencias a los medios audiovisuales afines o contrarios al gobierno de turno, reiterando que sea una oficina profesional, autónoma y constitucional, que no dependa del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en el caso peruano.
