Por Mauricio Mulder
Cuando Martin Vizcarra fue ungido como presidente, ante la inevitable renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, los tres poderes del Estado estaban en manos de distintas personas a las que hoy los encabezan.
Tenía poco más de un mes en el poder y las fuerzas oscuras que gobiernan el país le empezaron a marcar la cancha para que se someta o muera. Escogió lo primero, y el resultado lo catapultó a encumbrarse en la presidencia con mucho más poder que cualquiera de sus predecesores.
Con una batería inmensa de audios judiciales filtrados a un estudio de abogados que es un holding enorme, con decenas de abogados, periodistas, economistas y de cuanto espacio público existe, Vizcarra aprovechó la ocasión para imponer su impronta en los demás poderes del Estado y marcar la cancha del país con las medidas que el holding le impone.
Primero se tumbó al presidente del Poder Judicial, que renunció a su cargo sin que haya habido imputación directa reprochable. Luego, tras sendas reuniones con el Presidente del Congreso, este, que había sido acérrimo vocero fujimorista, que incluso acusó constitucionalmente al señor Pablo Sánchez y que fue impuesto en su bancada a sangre y fuego por Keiko Fujimori, devino en converso antifujimorista y hoy está en pleno proceso de diezmar al máximo a la otrora súper mayoría. Después, su guerra contra el Fiscal de la Nación, al punto de dejar con la mano estirada al presidente de Brasil para venir a revertir una medida interna del MP y terminar con la renuncia del aludido. Y finalmente el poder fáctico: la oligarquía mediática. Teniendo al Tribunal Constitucional dominado, logra que este declare inconstitucional la sola posibilidad de que el Estado no quiera contratar con un medio particular y se convierte en el niño mimado de los medios concentrados en dos familias aliadas y estos se encargan de la tarea de levantarlo con encuestas absurdas y por otro lado ocultar sus entuertos (Chincheros, Conirsa, Club de la Construcción) y petardear desde sus cimientos al Congreso.
El Parlamento hoy está literalmente asediado desde afuera y desde dentro. Cualquier cosa puede ser motivo para que el Ministerio Publico intervenga, pese a que el artículo 94 de la Constitución señala clarísimamente que el Congreso es autónomo y se gobierna a si mismo y que los parlamentarios no están sujetos a mandato imperativo. Pero, ¿a quién le importa lo que dice la Constitución?
En resumen. Esta es una democracia que no tiene ya equilibrio de poderes. Hay una casta etno ideológica denominada caviar, que impone su verdad única y que tiene el control del Estado. Presidentes, ministros, jueces, fiscales, periodistas, congresistas…todos, buscando congraciarse con los ukases políticamente correctos que imponen. Y pobre el que no comulgue: destino a los infiernos.
