Los trabajadores habían sido atacados por mineros ilegales y delincuentes dentro de un socavón en La Libertad. La Policía confirmó las identidades de las víctimas.
Los cuerpos de los cuatro mineros desaparecidos tras un ataque en el sector Pueblo Nuevo, provincia de Pataz, región La Libertad, fueron hallados sin vida por efectivos policiales. El incidente ocurrió en la madrugada del 24 de diciembre en un socavón de la minera Río Francés, tras la incursión violenta de un grupo de mineros ilegales y delincuentes.
Las víctimas fueron identificadas como Agustín Cibas Leiva, José Yorbil Castillo Castro, y Levy Castro Fernández, todos originarios de Cutervo, Cajamarca. También se confirmó la muerte de Luis Miguel Ambulay Pasapera, quien sería de la región Piura. Según las autoridades, estas muertes están vinculadas a disputas por el control de la explotación aurífera en la zona.
El ataque habría causado un derrumbe dentro del socavón, lo que inicialmente dejó a una persona fallecida y a cuatro trabajadores desaparecidos, entre ellos un hermano y un primo de Hosler Castro Fernández, de 18 años, quien murió en el lugar. Las investigaciones preliminares señalan que los agresores utilizaron explosivos y armas para perpetrar el ataque.
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Minería ilegal y crimen organizado
La Policía atribuye el hecho a mafias de minería ilegal que operan en la región, conocidas por su violencia extrema al intentar tomar el control de áreas de extracción de oro. Estas organizaciones suelen emplear sicarios y bandas criminales para ejecutar incursiones en socavones, robar mineral extraído o adueñarse de instalaciones en operación.
La minería ilegal en Pataz ha provocado numerosos enfrentamientos en los últimos años, afectando no solo a trabajadores mineros, sino también a las comunidades locales. Este último ataque pone en evidencia la creciente inseguridad y el poder de las redes criminales en esta provincia.
Las autoridades han intensificado las investigaciones para identificar a los responsables del ataque y frenar la expansión de estas mafias. Sin embargo, organizaciones civiles y expertos en minería han advertido que la falta de control estatal en las zonas de explotación aurífera sigue siendo un factor clave que permite la proliferación de este tipo de actividades ilícitas.
