El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, aseguró que el retiro del coronel PNP Harvey Colchado se realizó conforme a la legalidad, negando que sea una represalia política por el allanamiento a la vivienda de la presidenta Dina Boluarte.
En una entrevista con Milagros Leiva, Santiváñez destacó que esta decisión es parte de un proceso rutinario en la Policía Nacional del Perú (PNP). Para justificar su postura, mencionó el caso de Benedicto Jiménez, exintegrante del GEIN, quien también fue retirado del servicio siendo coronel bajo el mismo marco legal.
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“¿Se sintió humillado o perjudicado? No, porque esto está previsto en nuestra normativa”, defendió Santiváñez.
El ministro también aseguró que Colchado se retira con el sueldo correspondiente al grado de general, una afirmación que fue rápidamente desmentida por los abogados del coronel.
Abogados explican perjuicios
Luciano López y Miguel Pérez Arroyo, abogados de Harvey Colchado, refutaron las declaraciones del ministro en una conferencia de prensa. Según los juristas, el retiro de su defendido supone un perjuicio directo, ya que afecta los beneficios derivados de su trayectoria profesional.
“Esto no es un proceso rutinario, es una decisión que recorta sus derechos y beneficios legítimos”, explicó Luciano López.
Asimismo, desmintieron que Colchado percibirá el sueldo de general, señalando que no cumple con los requisitos necesarios para postular a dicho rango.
Diferencias con el caso de Benedicto Jiménez
El abogado Miguel Pérez Arroyo aclaró las diferencias entre Colchado y el caso citado por el ministro. “Benedicto Jiménez había postulado al rango de general en cinco ocasiones, lo que le permitía recibir los beneficios correspondientes. Colchado, en cambio, no estaba habilitado, ya que le falta un año de servicio para cumplir con el requisito de 29 años”, detalló.
Además, Colchado tiene 58 años, mientras que el límite de edad para postular al ascenso es de 61 años, lo que también lo excluye de los beneficios que corresponderían a un general.
Críticas al Gobierno
Los abogados lamentaron que esta medida ocurra en una gestión con solo un 3 % de aprobación ciudadana, haciendo una clara referencia al gobierno de Dina Boluarte.
Advirtieron que, una vez fuera del poder, tanto la presidenta como el ministro Santiváñez podrían enfrentar investigaciones judiciales. “El poder es transitorio y debe ejercerse de manera responsable. Todo funcionario público debe ser consciente de sus actos y de las consecuencias legales que estos conllevan”, concluyó Pérez Arroyo.
Con esta controversia, el retiro de Harvey Colchado se suma a las tensiones políticas que enfrentan las altas autoridades del país.
