Por Francisco Chirinos Soto.
Me temo estar incurriendo en excesiva repetición del tema que he venido desarrollando a lo largo de las últimas semanas, ya que la materia que voy a tratar se refiere una vez más a la grave crisis política, económica, institucional y jurídica que viene castigando al Perú. Y acaso una de las manifestaciones más visibles de tal situación sea la crisis judicial, ya que está visto que la normatividad existente es absolutamente incapaz de poner en orden las cosas.
Por ejemplo, estamos asistiendo al penoso enfrentamiento que ocurre en el Fundo Tumán. Según las informaciones periodísticas pertinentes, se ha instaurado allí una intervención judicial dispuesta por un juzgado de primera instancia que se encuentra entre dos fuegos. Hay un grupo que se atribuye la titularidad del dominio y hay otro que pretende haber adquirido legítimamente una porción mayoritaria de las tierras. Y como quiera que no hay acuerdo entre las partes, no ha quedado más alternativa que designar administración judicial. Lo grave es que juzgados de provincias cercanas hacen sus propios expedientes a petición de parte interesada para crear comités para asumir la administración. Uno de los bandos que disputa el control de Tumán tiene como principal capitalista a este personaje que está haciendo historia. Me refiero a Edwin Oviedo, actual Presidente de la Federación Peruana de Fútbol, que se ha visto envuelto en esta danza de audios que comprometen a fiscales, jueces, empresarios y que están poniendo de cabeza al país. Estos audios han puesto de manifiesto que hay sectores en la administración de justicia donde se puede conseguir de todo gracias a la ayuda del amigo, del compadre, de las “entradas gratuitas”, de los “verdecitos”.
No estoy en condiciones de emitir un pronunciamiento en cuanto a la problemática del Fundo Tumán. Si lo estoy, en cambio, en aptitud de hacer un reclamo de alcance nacional para que la normatividad jurídica sea objeto de cambios fundamentales, tal como lo tiene anunciado el señor Presidente de la República, don Martín Vizcarra Cornejo, el mismo que es el primero en reconocer que la situación legal del país, tal como se encuentra en estos momentos, no brinda medios apropiados para solucionar ese o algún conflicto semejante.
Hay, en todo caso, que reconstituir las instituciones judiciales del país. El Ministerio Público y el Poder Judicial atraviesan la más aguda de sus crisis. El obstáculo radica en que al haberse despachado a sus casas a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, no existe órgano que, según mandato constitucional, deba proveer las plazas vacantes en ambos organismos. He aquí un punto que el Congreso de la República debe atender preferentemente en el propósito que interesa a toda la Nación.
