Reveló fiscal superior, Omar Tello Rosales, coordinador de fiscalías especializadas.
Por Roberto Sánchez R.
El fiscal superior Omar Tello Rosales, coordinador de las Fiscalía Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios Públicos reveló a LA RAZÓN que hay 13,444 denuncias ingresadas en el año 2019 lográndose 1,581 condenas, por actos de corrupción de servidores del Estado. Dijo que cuando reciben denuncia fidedigna sobre irregularidades en el Estado, su metodología es igual para todos, es decir, su trabajo consiste en descubrir la verdad y procesar a todos los funcionarios sin excepción, condición ni privilegios determinados y que, caiga quien caiga, ellos cumplen su trabajo de manera objetiva.
¿Qué opina del balance que arroja el año 2019 con más de 1,500 condenas contra funcionarios públicos?
Son un total de 1,581 condenas obtenidas los fiscales de corrupción de funcionarios públicos en todo el país, estamos hablando de 565 fiscales distribuidos en 142 despachos en todo el Perú. De todas estas condenas destacan 13,444 ingresos de denuncias ingresadas en nuestro sistema, de las cuales podemos advertir que hay cerca de 4 mil denuncias por delito de peculado, más de 1800 denuncias por delito de colusión y 1,200 denuncias por delitos de negociación incompatible.
¿Cómo podemos explicar la comisión de estos delitos que tienen mayor incidencia en el Perú?
La mayoría de este tipo de delitos por lo general siempre está dentro de una organización criminal. Mientras que el delito de peculado es la expropiación de los bienes que se entregan a un funcionario para que los administre o los tenga en custodia, el delito de colusión junto con el delito de la negociación incompatible están vinculados a la concertación que pueda tener el funcionario público con los proveedores en lo referente a obras públicas.
¿Cuáles han sido los casos más emblemáticos que han sucedido en nuestra esfera pública?
Entre los casos más emblemáticos sobresalen por su naturaleza e implicancia el caso del ex gobernador de Cajamarca, Gregorio Santos, quien ha sido sentenciado a 19 años y cuatro meses de prisión al haberse beneficiado económicamente en el manejo de un total de 12 obras públicas. Otro caso emblemático es sin duda, el caso del ex gobernador de Ancash, César Álvarez, quien ha sido condenado a 8 años y tres meses de prisión efectiva por el caso Chacas-La centralita, e igualmente la investigación a 25 militares por el presunto robo de combustible en el Ejército.
¿Por qué se habla que hay 25 casos de Lava Jato que no están a cargo de la comisión especial?
En todo el país tenemos muchos casos de los cuales algunos ya han pasado de la comisión especial a provincias y que todavía se mantienen vigentes en nuestro sistema. El equipo especial se forma con la finalidad de resolver los casos de las constructoras brasileñas Odebrecht, OAS, entre otras y forma justamente por la estrategia y coordinando el trabajo con los fiscales del interior del país.
¿Qué opina que se produzcan intervenciones o mega-operativos que aparecen justo antes de las elecciones congresales?
Siempre estamos alertas a este tipo de eventos delictivos que dañan a la sociedad. En un delito común, por ejemplo, el agraviado es el interesado en que se descubra la verdad por robo, violación o asalto. En el delito por corrupción los funcionarios pueden robar o usar el cargo para beneficiarse en agravio de la institución que representa el Estado. La sociedad es la llamada a brindar la información y nosotros debemos descubrir estos hechos delictivos y procesarlos.
¿Las condenas en los casos de corrupción se resuelven con la sentencia sin el perjuicio de la prisión preventiva?
Los casos de corrupción no solo los estamos investigando sino que los estamos condenando de manera definitiva. Esa situación de sentencia se logra más que antes donde existía mucha impunidad. Una prisión preventiva es sólo una medida cautelar, es una forma de impedir que la persona fugue del país o que obstruya a la justicia, pero el éxito de la investigación es la sentencia. Es el juicio donde se define la responsabilidad del acusado.
¿Cuántas prisiones preventivas se han solicitado aproximadamente?
Hay 13,444 denuncias ingresadas el año pasado, y solamente hemos solicitado prisiones preventivas para 222 personas acusadas. O sea, es muy ínfimo, y quería resaltarlo porque mucha gente señala que nosotros primero capturamos, detenemos y que ponemos primero a las personas acusadas entre las rejas y que luego investigamos. Los datos objetivos dicen a las claras que no es así. Es decir, nosotros primero investigamos a conciencia para después acusar.
¿Hay obras realizadas por Odebrecht que están siendo investigadas en las regiones?
Hay cerca de 13 obras en todo el país procesadas penalmente que no han sido incluidas o tomadas en cuenta por el Equipo Especial que investiga el caso Lava Jato. Hablo de Chavimochic que es un proceso que mereció un archivamiento, pero está en evaluación en segunda instancia por una fiscal superior. Hay un caso que ya tiene sentencia con el doctor Elmer Chirre que es la carretera Chacas-San Luis. Ahí hay un precedente que está desvinculado al Equipo Especial, pero que ha tenido una sentencia. Por ejemplo, un extremo del proceso Gasoducto del Sur.
¿Sería lo óptimo que estas obras pasen al Equipo Especial ?
Es una decisión que debe tomar el fiscal Rafael Vela, porque él como coordinador del equipo tendría que decidir. La fiscal de la Nación le entregó la competencia para decidir si es que acumula o no estas obras. En algunos casos, hasta donde yo tengo entendido, no ha deseado acumularlos. El objetivo es que el equipo especial llegue a conocer todos los casos, pero si ellos no lo hacen en este momento, eso no significa que se dejará de investigar.
