OAS cambió contrato de Línea Amarilla en gestión de Villarán

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Giselle Zegarra afirma que durante la administración de Villarán se “acomodaron” los acuerdos.
Giselle Zegarra afirma que durante la administración de Villarán se “acomodaron” los acuerdos.

“Se hizo un acta de acuerdos ilegal y modificaron el documento fuera de plazo”, señalan

La exfuncionaria durante la administración de Luis Castañeda Lossio como alcalde de Lima, Giselle Zegarra, a quien el Ministerio Público solicitó prisión preventiva, negó ser ‘brazo operador’, tal como afirmó el colaborador eficaz Martín Bustamante y detalló los cambios realizados por Susana Villarán.

La exfuncionaria edil es investigada por ser quien firmó el contrato de concesión de la vía Línea Amarilla, y por haber sido señalada por testigos, entre ellos, el exdirector de OAS Leao Pinheiro, como implicada en las reuniones donde los ejecutivos de la empresa brasilera acordaban con Casteñeda Lossio.

No obstante, Giselle Zegarra resaltó que el contrato donde tuvo participación se efectuó dentro del marco legal. “Firmé un contrato de US$571 millones que nació bien y legal, aprobado por unanimidad por el consejo y no tuvo ninguna observación”, afirmó.

La siguiente gestión, los concesionarios tuvieron que esperar que yo salga para modificar este contrato a su antojo, un contrato que no les era cómodo (a OAS). […] Este es el único contrato, de todo esto del Lava Jato, que no nace ‘torcido’”, añadió.

La exgerente afirma que fue al año siguiente, durante la administración de Susana Villarán (entre 2011 y 2014), que se “acomodó” los acuerdos, “se hace un acta de acuerdos ilegal, modificaron el contrato fuera de plazo”, aseveró.

“La gestión Villarán permitió salir a OAS antes de que acaben las obras y antes de los 3 años estipulados para modificar un contrato de concesión. Entonces, tuvieron que esperar que yo salga para hacer esos cambios”, concluyó.

Susana Villarán es sindicada por el Ministerio Público por los delitos de asociación ilícita para delinquir, cohecho pasivo propio y lavado de activos. El fiscal Carlos Puma apunta que la exalcaldesa recibió dinero de OAS y Odebrecht para su campaña del NO a la revocatoria y la reelección municipal en 2014, por ello, solicitó 36 meses de prisión preventiva.