Por realizar detenciones por delito de receptación
Cuestionan operativos con incautación de teléfonos móviles adquiridos de manera ilegal.
Argumentando un supuesto abuso de autoridad, la Sexta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancayo amenazó con “iniciar acciones penales” contra los agentes policiales que, en el ejercicio de sus funciones, realicen intervenciones y/o detenciones por el delito de receptación en los diversos operativos que realizan en el distrito de Chilca.
A través de un oficio, la fiscal provincial Janina Elvira Montoya Cueto advierte irregularidades en la actuación policial y una supuesta mala interpretación de la configuración de la flagrancia en los operativos policiales que se realizan en esta jurisdicción, sobre todo por parte de integrantes de la Sección de Investigación Criminal PNP (Seincri) del citado distrito huancaíno.
“Se está advirtiendo que personal policial, bajo el concepto de operativos policiales, está deteniendo a personas por el presunto delito de receptación sin que exista la figura de la flagrancia, lo cual implicaría la comisión de delito”, sostiene la fiscal en la carta dirigida al comandante PNP John Ramírez, comisario de Chilca.
En el documento, la magistrada advierte que, “de persistir en dicha conducta”, “solo nos quedaría iniciar las acciones penales que corresponden, como titulares del ejercicio de la acción penal pública”, por el supuesto delito de abuso de autoridad.
FALTA DE ARGUMENTOS
Fuentes cercanas a la Policía Nacional del Perú (PNP) se mostraron sorprendidos y lamentaron la actitud adoptada por fiscales en diferentes puntos del país, que pretenden soslayar las atribuciones constitucionales que tienen los efectivos policiales en su tarea contra el crimen organizado y la delincuencia común.
Recordaron que el Código Penal, en su artículo 194, señala que el delito de receptación recae en “El que adquiere, recibe en donación, en prenda, guarda, esconde, expone para la venta, ayuda a negociar, comercializa, desensambla o utiliza, un bien o sus partes de cuya procedencia delictuosa tenía conocimiento o debía presumir que provenía de un delito”, castigándose con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años y con treinta a noventa días-multa e inhabilitación.
Agregaron que la molestia de los fiscales se da, específicamente, por la incautación de teléfonos celulares de dudosa procedencia a personas que conocen la procedencia de estos equipos, muchas veces manchados de sangre, en operativos que han permitido la detención de requisitoriados en diversas partes de Huancayo.
Asimismo, la flagrancia es la situación jurídica donde una persona es descubierta cometiendo un delito o justo después de hacerlo, lo que permite a la Policía detenerla sin orden judicial previa. Los plazos de detención varían, pudiendo alcanzar hasta 72 horas para delitos graves específicos.
ACTITUD REITERATIVA
En todo el Perú, fiscales han cuestionado la acción de la Policía Nacional, pese a estar amparados en la Ley para realizar detenciones, más aún en flagrancia. En el marco de la segunda vuelta electoral, la Junta de Fiscales Supremos denunció que un grupo de policía secuestró a dos fiscales en Ucayali, tras hallarse diversas cédulas de votación marcadas.
Ante ello, la PNP respondió enérgicamente y aclaró que dichos fiscales fueron intervenidos en flagrante delito por supuesta usurpación de funciones públicas durante la segunda vuelta electoral, retirando .as evidencias del local de votación sin permitir las pericias urgentes de los peritos.
Cabe recordar que la Ley n.° 32130 y la Sentencia del Tribunal Constitucional 150-2025 establecen que, si bien el Ministerio Público conduce jurídicamente un proceso, la estrategia operativa y ejecución material de la investigación preliminar del delito corresponden a la Policía Nacional.
