La exdirectora del colegio Santa Rosa recibió cinco años de prisión suspendida y cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

La exdirectora de la institución educativa Santa Rosa, Violeta Luyo, fue condenada a cinco años de prisión suspendida por cobrar dinero a una madre de familia a cambio de gestionar dos vacantes escolares. La sentencia fue dictada por el Poder Judicial tras el juicio oral en el que el Ministerio Público acreditó su responsabilidad por el delito de cohecho pasivo impropio.

El caso corresponde al colegio Santa Rosa, ubicado en el distrito de Santo Domingo de los Olleros, en la provincia limeña de Huarochirí. Según la acusación fiscal, los hechos ocurrieron durante el proceso de matrícula para el nivel primaria.

La fiscal adjunta provincial Jennifer León Torres sostuvo durante el juicio que el 16 de diciembre de 2023 Luyo solicitó S/100 a una madre de familia con el objetivo de asignar dos vacantes para sus hijos. Para concretar el pago, la entonces directora habría proporcionado un número de celular vinculado a una billetera digital.

Tres días después de la solicitud se realizó un primer adelanto de S/50 mediante Yape. Este movimiento fue incorporado como uno de los principales elementos de prueba utilizados durante el proceso judicial para acreditar la entrega del dinero.

El Poder Judicial, además de imponer los cinco años de prisión suspendida, estableció un periodo de prueba de tres años sujeto al cumplimiento de reglas de conducta. La exdirectora también recibió cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Como parte de la sentencia, se estableció el pago de S/3.001 por concepto de reparación civil a favor del Estado. Asimismo, deberá pagar 365 días-multa, equivalentes a S/8.668,75.

Entre los elementos considerados por el órgano jurisdiccional se encuentra la impresión del depósito realizado mediante Yape desde un agente bancario. A este documento se sumó la Resolución Ministerial N.° 447-2020-MINEDU, que establece la gratuidad del proceso de matrícula en las instituciones educativas públicas.

Otro de los documentos incorporados al proceso fue el informe N.° 281-2025-UGEL08C. Según la Fiscalía, este documento permitió acreditar que Luyo era la única responsable de la plataforma de matrícula del colegio Santa Rosa.

El Ministerio Público también presentó los testimonios de la madre de familia que realizó el pago y de la titular de la cuenta que recibió el dinero. Estas declaraciones fueron valoradas junto con los documentos y registros relacionados con la transacción.

De acuerdo con la acusación fiscal, el cobro estaba vinculado directamente con la asignación de las dos vacantes escolares solicitadas por la madre de familia. El caso concluyó con una condena de prisión suspendida, además de las sanciones de inhabilitación, multa y reparación civil establecidas por el Poder Judicial.